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Trastorno del mercado: Estrategia, implantación y resultados en los países fuente de narcóticos



Testimonio ante la Comisión de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes
Washington, DC
9 de julio de 2003

Paul E. Simons, Secretario Adjunto Interino para Asuntos Internacionales relativos a Estupefacientes y la Aplicación de la Ley

Sr. Presidente y miembros de la Comisión:
Les agradezco esta oportunidad de reunirme con ustedes hoy para examinar la forma en que la Dirección de Asuntos Internacionales relativos a Estupefacientes y la Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado contribuye a los esfuerzos para trastornar el mercado en los principales países fuente de narcóticos.

La INL apoya directamente la Estrategia Nacional de Control de Estupefacientes y su coordinación de las medidas tomadas por el Gobierno de los Estados Unidos para reducir la disponibilidad de estupefacientes ilícitos en nuestro país. En particular, apoyamos activamente los programas de reducción de suministros mediante programas de asistencia directa, así como las gestiones multilaterales y diplomáticas realizadas en colaboración con otros departamentos y organismos de nuestro Gobierno. Entre nuestros programas se destacan los que respaldan la estrategia nacional para reducir la producción y el tráfico de estupefacientes en los principales países fuente.

Los principales estupefacientes ilícitos producidos en el extranjero que afectan en gran medida a los Estados Unidos son cocaína, heroína, marihuana y sustancias sintéticas, como metanfetamina o éxtasis. Entre las regiones de procedencia de estas amenazas se halla el Hemisferio Occidental —en particular, la Cordillera de los Andes (cocaína, heroína), Asia (heroína), Europa (sustancias sintéticas) y México (heroína, metanfetamina, sustancias sintéticas y marihuana). A continuación se incluye un análisis resumido de los programas administrados y respaldados por la INL en todo el mundo a manera de apoyo a la Estrategia Nacional de Control de Estupefacientes para reducir el suministro de estupefacientes ilícitos desde las principales regiones de procedencia.

Nuestros programas son integrales tanto en alcance geográfico como en esfera de acción. Tienen importancia fundamental para el éxito de los Estados Unidos y el esfuerzo internacional para demostrar que es posible controlar y reducir la producción de estupefacientes ilícitos con suficiente voluntad política, programas bien diseñados y financiamiento total. La INL protege a los estadounidenses al combatir el comercio de drogas ilícitas por varios medios: erradicación directa de cultivos ilícitos, apoyo a otros medios de sustento de agricultores pobres, capacitación y dotación de las fuerzas policiales antinarcóticos en los países asociados, interdicción y coordinación de los servicios de inteligencia antinarcóticos, reforma del sector de justicia, apoyo a la reducción de la demanda y a la educación en los países anfitriones, y fortalecimiento de la cooperación internacional y multilateral en la aplicación de la ley. Estos programas son costosos pero su eficacia es demostrable.

Sr. Presidente y miembros de la Comisión, necesitamos su apoyo para asegurar el financiamiento total de estas actividades indispensables. Tendré mucho gusto de responder a sus preguntas.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

El Gobierno ha solicitado US$731 millones para la Iniciativa Andina Antinarcóticos en el ejercicio de 2004. El financiamiento total de esta solicitud tiene importancia fundamental para sustentar nuestro éxito en Colombia y proteger a los vecinos de Colombia de un efecto indirecto. Nuestras actividades en Colombia han representado una diferencia y no debemos abandonarlas ahora.

Colombia

Para desorganizar el mercado en Colombia hace falta un conjunto de dinámicas medidas de erradicación, interdicción, fortalecimiento institucional y programas de desarrollo alternativo. El año pasado (2002) fue un año excepcional para los esfuerzos antinarcóticos en Colombia, la fuente de más de 90 por ciento de la cocaína y de la mayor parte de la heroína que entra a los Estados Unidos. Por primera vez desde que comenzaron a aumentar los cultivos de plantas utilizables en la producción de estupefacientes a mediados de la década de los noventa, el cultivo general de coca disminuyó más de 15 por ciento. El cultivo de adormidera disminuyó también 25 por ciento con respecto a los niveles de 2001. El cultivo de coca en los Departamentos clave de Putumayo y Caquetá disminuyó en más de 50 por ciento. Por consiguiente, la producción potencial de cocaína se redujo a 680 toneladas métricas de cocaína, en relación con 795 toneladas métricas en 2001, y la producción potencial de heroína colombiana disminuyó a 11,3 toneladas métricas, en relación con 15,1 toneladas métricas en 2001.

Estas disminuciones son consecuencia directa del enérgico programa de erradicación aérea realizado con asistencia de los Estados Unidos, que permitió fumigar más de 122.000 hectáreas de coca en 2002, un aumento de 45 por ciento con respecto a 2001, de por sí un año sin precedentes. Además, con el programa de fumigación se destruyeron más de 3.000 hectáreas de adormidera, lo que representa un aumento de 67 por ciento con respecto a 2001. Con la entrega hecha este año de los últimos aviones de fumigación obtenidos con fondos asignados en apoyo al Plan Colombia, el país se propone acelerar el ritmo de la erradicación aérea tanto de coca como de adormidera en 2003 y en el futuro. Durante los seis primeros meses del año en curso, fumigamos 73.522 hectáreas de coca y 1.658 hectáreas de adormidera, en comparación con los seis primeros meses del año pasado que arrojaron 53.717 y 1.837 hectáreas, respectivamente. Tenemos previsto rociar todos los cultivos de coca y adormidera en Colombia para fin de año.

En cuanto al aspecto de la interdicción en 2002, las fuerzas militares y policiales antinarcóticos de Colombia destruyeron 129 laboratorios de procesamiento de cocaína y casi 1.247 laboratorios de base de cocaína y, al mismo tiempo, incautaron más de 55 toneladas métricas de cocaína y 30 toneladas métricas de base de coca.

No obstante, Colombia afronta varios desafíos de importancia en sus actividades de lucha contra el narcotráfico. En Colombia, el narcotráfico ha tenido una clara ventaja dado que la mayor parte de la coca y la adormidera crece en zonas que escapan del firme control del Gobierno central en materia de seguridad. A medida que la erradicación restringe la industria, aumenta el fuego antiaéreo de los grupos de narcoterroristas. En el transcurso del presente año, varios aviones han sido blanco de 225 disparos antiaéreos durante las operaciones de erradicación. Esta cifra ya supera el número total de impactos registrados en 2001 y 2002. Algunos grupos extremistas colombianos se han vuelto cada vez más dependientes de los ingresos provenientes de las drogas. Como consecuencia, prevemos que esos grupos usarán cada vez más su arsenal y su ingenio para proteger y ampliar sus intereses en materia de narcotráfico en Colombia. Debido a la mayor frecuencia de daños ocasionados a los aviones por el fuego antiaéreo, fue necesario retirar del servicio los aviones de fumigación durante 350 días para su reparación durante el período comprendido entre enero y mayo de 2003, en comparación con 48 días en el mismo período de 2002.

La realización de operaciones de fumigación es una tarea peligrosa. Todos los pilotos del programa de fumigación tienen amplia experiencia de vuelo y reciben capacitación especializada para el tipo de vuelo y las condiciones locales que encontrarán. También proporcionamos adiestramiento avanzado en supervivencia para nuestros pilotos en caso de aterrizajes forzosos. Cada misión de fumigación se considera una operación de máxima seguridad, en la que se emplea toda la inteligencia disponible. Si una misión de fumigación corriera un riesgo considerable, se cancela o se realiza con tropas terrestres antinarcóticos desplegadas con antelación. Se dispone de helicópteros armados de escolta de seguridad y, como mínimo, de un helicóptero de búsqueda y rescate. Evaluamos nuestras operaciones constantemente para perfeccionar nuestros procedimientos y mejorar la seguridad de nuestro personal.

Nuestro programa antinarcóticos enfrenta también una grave dificultad, ya que se exige a nuestros elementos aéreos y a las unidades colombianas antinarcóticos que asuman una función más activa para ayudar al Gobierno de Colombia en su campaña unificada contra el narcotráfico y las actividades de organizaciones designadas como terroristas, así como para tomar medidas de protección de la salud y el bienestar humanos en circunstancias de emergencia, incluida la realización de operaciones de rescate.

La firme postura del Presidente Uribe en cuanto al narcotráfico y los narcoterroristas ha marcado el comienzo de un nuevo clima político y un aumento de las operaciones antinarcóticos y antiterroristas en todo el país. Él ha dado impulso al gasto destinado a la seguridad y apoya plenamente un enérgico esfuerzo de erradicación. Seguimos coordinándonos con el Gobierno de Colombia para determinar la mejor manera de aprovechar las nuevas facultades estipuladas en la Ley de Asignaciones Suplementarias de 2002 para una Mayor Recuperación de los Actos Terroristas contra los Estados Unidos y la Respuesta a Ellos (L.P. 107-206) y la Ley de Operaciones en el Extranjero, Financiamiento de Exportaciones y Programas Relacionados de 2003 (L.P 108-7) de apoyo a la estrategia de seguridad nacional del Presidente Uribe. Si bien la política de los Estados Unidos reconoce actualmente la flexibilidad que permiten tener las mayores facultades, la lucha antinarcóticos, el desarrollo alternativo, la reforma judicial, la ayuda humanitaria y el desarrollo económico y social siguen siendo componentes clave de nuestro apoyo a la democracia colombiana y a los programas del Gobierno de Colombia para que pueda ejercer su autoridad en todo el territorio nacional.

Desde que la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) comenzó a implantar programas de desarrollo alternativo a fines de 2000, sus actividades han beneficiado a más de 22.829 familias y apoyado a más de 24.549 hectáreas de cultivos lícitos en zonas productoras de coca y adormidera hasta el 31 de marzo de 2003. El programa de desarrollo alternativo financiado por los Estados Unidos ha terminado también más de 349 proyectos de infraestructura pública y generación de ingresos en 11 municipios en importantes regiones productoras de coca, incluida la construcción de caminos, puentes y sistemas de alcantarillado, así como la rehabilitación de escuelas. Otros proyectos de la USAID han mejorado los gobiernos locales.

Hasta la fecha, la USAID ha establecido un total de 33 centros de servicios jurídicos (Casas de Justicia), que han ampliado el acceso a la justicia y promovido la solución pacífica de conflictos al atender a un total acumulativo de unos 1,6 millones de casos. El establecimiento de estos centros ayuda al Gobierno de Colombia a ampliar la presencia de las instituciones y los servicios estatales a regiones de Colombia distantes y plagadas de conflictos. Como primera medida para facilitar la transición de Colombia a un moderno sistema de justicia acusatorio, la USAID ha contribuido a establecer un total acumulativo de 19 juzgados de juicios orales y ha capacitado a unos 3.400 jueces en juicios orales, pruebas jurídicas y procedimientos pertinentes.

Al 31 de mayo de 2003, los programas de la USAID habían ayudado a 774.601 desplazados internos y a 733 menores ex combatientes mediante servicios de asistencia médica, educación, capacitación profesional y para la adquisición de aptitudes, y asistencia a las familias dispuestas a regresar a salvo a sus comunidades de procedencia y en condiciones de hacerlo.

El Departamento de Justicia ha creado unidades especializadas para combatir el lavado de dinero y emprender iniciativas de confiscación de bienes. El Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigaciones Penales (ICITAP) está por terminar el establecimiento de un laboratorio forense virtual que vinculará, mediante bases de datos compartidas, a los cuatro organismos colombianos de aplicación de la ley que tienen la principal responsabilidad de investigar la actividad delictiva, incluidos el narcotráfico y los abusos a los derechos humanos. El programa incluye la instalación y el intercambio de datos del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), el Sistema Combinado de Índice de ADN (CODIS) y bases de datos de producción de imágenes digitales. La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Procesal en el Exterior (OPDAT) también proporciona asistencia para la reforma del código jurídico y la formación de fiscales conforme a un sistema acusatorio.

Nuestra solicitud presupuestaria de US$463 millones para el ejercicio de 2004 incluye US$313 millones para programas de interdicción y erradicación rigurosos y US$150 millones para programas de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional no rigurosos. El presupuesto para los programas de interdicción y erradicación se divide entre US$158,7 millones de apoyo a los programas de las fuerzas militares colombianas y US$147,5 millones para programas de la Policía Nacional de Colombia. El apoyo a los militares colombianos se divide en US$147,3 millones para apoyar a la aviación del Ejército, US$6,4 millones para apoyar las operaciones de interdicción en el espacio aéreo del Programa de Denegación del Puente Aéreo y US$5 millones para respaldar la Brigada Antinarcóticos del Ejército Nacional de Colombia.

La solicitud de la Dirección de Asuntos Internacionales relativos a Estupefacientes y la Aplicación de la Ley (INL) para el ejercicio de 2004 aumenta US$19 millones el financiamiento de apoyo a la aviación del Ejército de Colombia. Los 71 helicópteros que apoya esta financiación proporcionan movilidad aérea a la Brigada Antinarcóticos y otras unidades autorizadas y, dado el número tan limitado de helicópteros por lo demás disponibles, seguirán siendo el único medio de transporte aéreo digno de confianza para las unidades militares dedicadas a las operaciones antinarcóticos. Dado que la Brigada Antinarcóticos ya ha ampliado las operaciones más allá del sur de Colombia en 2003, estos aviones se utilizarán también para llevar a cabo misiones por todo el país, a manera de respuesta a oportunidades de intercepción de objetivos narcoterroristas de alto valor.

La solicitud de apoyo a la Policía Nacional de Colombia (PNC) presentada por la INL para el ejercicio de 2004 incluye US$60,3 millones en apoyo a la aviación, US$44,2 millones para continuar los aciertos en la erradicación aérea, $41 millones para los programas de interdicción y US$2 millones en apoyo administrativo para la PNC. Esta solicitud refleja un aumento de US$19 millones para impulsar las operaciones de interdicción y otros programas antinarcóticos bajo el mando de la PNC al ampliar la capacidad de las bases de operaciones antinarcóticos de avanzada, mejorar las operaciones de interdicción en las carreteras, asistir a la policía auxiliar y ayudar al Programa de Estrategia contra la Heroína de la Policía Nacional de Colombia y de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos.

La solicitud de la INL para el ejercicio de 2004 destinada a programas no rigurosos sostendrá, a los niveles del ejercicio de 2003, los programas administrados por la USAID para respaldar la democracia (US$24 millones), estimular el desarrollo alternativo (US$60,2 millones) y asistir a los grupos vulnerables (US$38 dólares). Esta solicitud aumenta también en US$1,5 millones el apoyo a programas administrados por la Dirección de Población, Refugiados y Migración (PRM) para proporcionar protección, alimentos, agua potable, servicios básicos de salud y saneamiento, educación y demás ayuda humanitaria a los desplazados internos de Colombia.

La solicitud de la INL proporcionará también US$7,5 millones a programas seleccionados del Departamento de Justicia para apoyar la capacitación y protección de las unidades de derechos humanos de la Fiscalía, continuar la reforma del código jurídico de Colombia, capacitar a los fiscales en materia de derechos humanos, establecer una base de datos de confiscación de bienes y lavado de dinero, y mejorar los programas de seguridad carcelaria y de rehabilitación por adicción a las drogas. Se incluye también con arreglo a los programas relacionados con el estado de derecho la cantidad de US$13,8 millones (un aumento de US$3 millones) para el programa de reinserción de la PNC destinado a aumentar la presencia gubernamental y el orden público en las zonas de conflicto. En el transcurso del año, este programa ―financiado en gran parte por el Gobierno de Colombia― ha destacado unidades policiales bien adiestradas y equipadas en 77 municipios que carecían de presencia policial.

Bolivia y Perú

Con el fin de evitar que los narcotraficantes sigan creando fuentes de producción de estupefacientes en otras partes, hemos reforzado activamente nuestros programas antinarcóticos en los países que rodean a Colombia. En Bolivia y Perú, nuestros esfuerzos para apoyar medidas más enérgicas de lucha contra el narcotráfico por parte del Gobierno se han demorado por causa de los movimientos cocaleros radicales que han sacado partido de la tradición histórica del cultivo de coca mediante su utilización como consigna de los derechos indígenas contra la cultura política urbana dominante. Las dificultades económicas en ambos países han debilitado también los recursos del Gobierno para intensificar las actividades antinarcóticos.

Como consecuencia, a pesar de haber erradicado 12.000 hectáreas en 2002, Bolivia tuvo un aumento neto de 23 por ciento (4.500 hectáreas) en el cultivo de coca debido a la resiembra masiva en la región del Chapare y a la renuencia del Gobierno a llevar a cabo una erradicación forzada en la provincia de los Yungas, donde abunda la coca, debido a la violenta oposición cocalera. En respuesta, hemos apoyado el empeño del Gobierno de Bolivia para fortalecer sus actividades de erradicación e interdicción al ampliar la Policía Especial Antidrogas (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, FELCN) en un 15 por ciento, construir 14 bases nuevas, establecer una red nacional de comunicaciones y crear varios bancos de datos y sistemas de intercambio de información para mejorar los servicios de inteligencia para efectos de aplicación de la ley.

El financiamiento para el ejercicio de 2004 fortalecerá estos programas, que se concentran en desarrollar la capacidad del Gobierno de Bolivia para hacer cumplir todas las leyes sobre el uso de drogas, mantener el estado de derecho en todas las zonas periféricas y continuar las actividades de interdicción en los ámbitos nacional y regional. Además de apoyar estos programas de aplicación de la ley, nuestros fondos apoyan los esfuerzos de Bolivia para consolidar y sostener programas regionales de desarrollo alternativo (lo que permite una mejora directa para los agricultores y las comunidades), con particular hincapié en el desarrollo de mercados nacionales e internacionales viables y sostenibles para cultivos distintos de la coca.

La USAID ha ayudado a más de 21.500 familias. El valor anual por familia de productos agrícolas lícitos para las familias que reciben ayuda asciende actualmente a un promedio de US$2.055, lo que representa un aumento en comparación con US$1.706 en 2000. A título comparativo, en 2000 el ingreso anual medio per cápita en Bolivia fue de US$994. Se han creado más de 51.000 empleos agrícolas y 600 no agrícolas mediante el programa de desarrollo alternativo de la USAID. Unas 8.500 familias han recibido electricidad en sus hogares. Se han pavimentado o mejorado más de 3.000 km de carreteras y 110 puentes.

En el entorno socialmente volátil de los Yungas, después de una minuciosa preparación y trabajo con la población local, se han implantado programas de desarrollo alternativo entre las comunidades cocaleras dispuestas a disminuir el cultivo de coca (legal e ilegal). La Iniciativa de la USAID para el Desarrollo de los Yungas se concentra en mejorar la calidad de vida del pueblo de la región mediante la promoción de la salud, el desarrollo de la economía lícita, el mejoramiento de la infraestructura básica y el fortalecimiento del gobierno local. Se han terminado 17 servicios de saneamiento que benefician a más de 8.000 personas, y 10 proyectos que brindan acceso a agua potable beneficiarán a más de 3.000 personas. Además, los municipios reciben ayuda en elaboración de presupuestos, respuesta a las necesidades de los ciudadanos y planificación económica regional.

Asimismo, nuestros programas de apoyo judicial siguen ayudando a Bolivia en su transición a un sistema acusatorio oral al mismo tiempo que se amplía la capacidad de las oficinas que se ocupan de las investigaciones y los enjuiciamientos relacionados con las drogas.

La solicitud de financiamiento para Bolivia en el ejercicio de 2004 por un valor de US$91 millones se divide en tres iniciativas principales: se asignarán US$33,7 millones para apoyar las medidas tomadas por el Gobierno de los Estados Unidos tendientes a desarrollar la capacidad a largo plazo del Gobierno de Bolivia para sostener las instituciones policiales y judiciales capaces de aplicar todas las leyes antidrogas, ampliar la interdicción de sustancias químicas esenciales y productos de cocaína, y aumentar los enjuiciamientos efectivos de los principales narcotraficantes en una época de considerable debilidad política y económica en el Estado boliviano.

Parte integral de este esfuerzo es nuestro apoyo a un gran destacamento de fuerzas aéreas, fluviales y terrestres en las principales zonas de cultivo de coca que mantienen el estado de derecho y proporcionan seguridad para el desarrollo alternativo y apoyo a las actividades de erradicación. Se han destinado otros US$10 millones para la erradicación de coca y su infraestructura suplementaria logística y de seguridad.

Además de estos programas de aplicación de la ley, se destinarán US$38,5 millones para apoyar las actividades de Bolivia destinadas a consolidar y sostener programas regionales de desarrollo alternativo (con lo cual se proporcionan mejoras directamente a los agricultores y las comunidades), con particular hincapié en el desarrollo de mercados nacionales e internacionales viables y sostenibles para cultivos distintos de la coca. En el entorno socialmente volátil de los Yungas, después de una minuciosa preparación y trabajo con la población local, los programas de desarrollo alternativo financiados por los Estados Unidos reducirán el cultivo lícito e ilícito de coca entre las comunidades cocaleras locales. El resto de la solicitud de financiamiento se destinará a programas de apoyo más pequeños, como reducción de la demanda, planificación de políticas, proyectos de administración de justicia y apoyo administrativo.

En el Perú, el descontento entre los trabajadores a escala nacional retrasó los esfuerzos del Gobierno de ese país para ampliar la erradicación de los cultivos de coca, lo que condujo a una mayor resistencia y violencia contra los proyectos de desarrollo del Gobierno por parte de cocaleros organizados en el primer semestre de 2003. En respuesta, el Gobierno del Perú ha reorganizado su enfoque con el fin de proporcionar incentivos de desarrollo alternativo más contundentes para la erradicación voluntaria por parte de las comunidades cultivadoras de coca y, al mismo tiempo, reforzar las actividades nacionales de interdicción por parte de las autoridades de aplicación de la ley.

El modelo de erradicación participativa se concibió como medio para establecer un compromiso de eliminar los cultivos ilegales de coca por parte de toda una comunidad. Las comunidades que no participan enfrentan una erradicación forzosa. Los participantes reciben un salario diario por el trabajo de erradicación de la coca, así como raciones de alimentos. Las comunidades que se mantengan libres de coca por dos a tres años recibirán mejoras de infraestructura. Más de 200 comunidades han solicitado participar en el programa de erradicación y cada día son más las que piden participar en dicho programa. La fase piloto del programa tuvo mucho éxito. Se erradicaron más de 1.000 hectáreas de coca, con lo cual el Perú logró su meta de erradicación de 7.000 hectáreas en 2002.

Han aumentado los decomisos de drogas y sustancias químicas por parte de las unidades peruanas de aplicación de la ley, pero la erradicación de la coca actualmente se mantiene por debajo de las 7.000 hectáreas erradicadas en 2002. Creemos que los índices de erradicación mejorarán en el segundo semestre del año.

Los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos para apoyar una mayor presencia policial peruana en lo que concierne a la interdicción y la seguridad en zonas de cultivo de coca requerirán un financiamiento sustancial en el ejercicio de 2004 con el fin de establecer y sostener bases de operaciones de avanzada, así como fondos adicionales de operación para los aviones de ala fija y helicópteros necesarios que proporcionan movilidad regional a las fuerzas peruanas de interdicción dirigidas a los lugares de producción de los traficantes y a otras unidades encargadas de mantener el estado de derecho en las zonas de desarrollo alternativo.

A pesar de estos aumentos, el cultivo tanto en Bolivia como en el Perú sigue siendo considerablemente bajo en relación con los años de mayor cultivo a mediados de los noventa y se halla muy por debajo de los niveles registrados en Colombia. Aun con estos aumentos, en 2002 el cultivo total de coca en la región andina disminuyó en cerca de 8 por ciento.

La solicitud de financiamiento para el Perú de US$116 millones en el ejercicio de 2004 se concentra especialmente en reducir la producción de coca en 8.000 hectáreas como mínimo, mediante un programa integrado de erradicación voluntaria/involuntaria y de ayuda para el desarrollo en comunidades cocaleras específicas. El apoyo a este objetivo en el ejercicio de 2004 exige que se destinen otros US$35 millones en apoyo aéreo para helicópteros y aviones de ala fija destinados a las unidades policiales antinarcóticos peruanas que proporcionan seguridad para los proyectos de erradicación, interdicción y desarrollo alternativo en las zonas periféricas. El Gobierno ha solicitado que se asignen US$13 millones de apoyo a la policía peruana con el fin de que ésta pueda mantener una presencia antinarcóticos en las zonas periféricas de cultivo de coca y vigilar las carreteras y los ríos utilizados por los narcotraficantes.

El Gobierno ha solicitado que se asignen US$11,3 millones al apoyo de programas destinados a la erradicación involuntaria y la vigilancia relacionada con los cultivos lícitos e ilícitos, así como a la búsqueda de adormidera para su inmediata erradicación manual forzosa. Se necesitarán unos US$8 millones para elaborar un Programa de Denegación del Puente Aéreo seguro y eficaz, si bien esto sigue sujeto a negociación con el Gobierno del Perú. El programa crucial de desarrollo alternativo, que asciende a US$50 millones en el ejercicio de 2004, aumentará el número de comunidades dedicadas a la reducción de la coca, que actualmente es de 200, y proporciona ayuda de emergencia para el desarrollo alternativo a corto plazo con miras a satisfacer las necesidades de nutrición y salud, además de generar los ingresos familiares perdidos debido a la erradicación de los campos de coca, y para el desarrollo alternativo a largo plazo con objeto de sostener las economías rurales lícitas.

Programa de Denegación del Puente Aéreo

El 28 de abril del año en curso, firmamos un acuerdo bilateral con el Gobierno de Colombia para un Programa de Denegación del Puente Aéreo (ABD). Este acuerdo crea un marco jurídico que asegura la plena satisfacción de todos los requisitos de seguridad legales y procesales del Gobierno de los Estados Unidos (para evitar situaciones como el trágico ataque a los misioneros en el Perú en 2001) y la protección de los empleados y contratistas del Gobierno de los Estados Unidos que participen en el programa ABD contra responsabilidad civil injustificada. Están casi completos los preparativos para la aprobación presidencial definitiva de la reiniciación del programa ABD en Colombia, después de lo cual el Gobierno de ese país podrá tomar medidas importantes para recobrar el control de su espacio aéreo de manos del narcotráfico aéreo. Cabe citar que un programa ABD colombiano eficaz exigirá un gran compromiso de financiamiento y recursos por parte de Colombia y los Estados Unidos para dar mayor seguridad a las presuntas rutas del tráfico aéreo. El Gobierno de Colombia ya ha asignado recursos sustanciales al programa ABD y nos proponemos respaldar los esfuerzos de Colombia con los fondos del ejercicio de 2004 para establecer lugares de operaciones de avanzada para los aviones rastreadores e interceptores empleados en esa actividad.

Actualmente se discuten varios planes con el Gobierno del Perú para proporcionar alguna forma de control del espacio aéreo contra los aviones narcotraficantes. Anticipamos que la implantación de un programa viable de control del espacio aéreo en el Perú requerirá de parte del Gobierno de los Estados Unidos un financiamiento mayor que en Colombia, debido a la falta de recursos necesarios del Gobierno del Perú y a la insuficiencia de los sistemas de comunicaciones y radar nacionales que, en ambos casos, son requisitos para un programa al estilo colombiano.

México

México es la principal zona de tránsito de la mayoría de las drogas ilícitas procedentes de América del Sur con destino a los Estados Unidos, y es también un país de procedencia de heroína, metanfetamina y marihuana. Las organizaciones narcotraficantes con sede en México operan una extensa red de distribución en los Estados Unidos y representan una considerable amenaza delictiva en el país. Bajo el Gobierno de Fox, ha mejorado mucho la cooperación entre los Estados Unidos y México para combatir el narcotráfico y otros delitos trasnacionales.

En 2002, el Gobierno de México extraditó a 25 fugitivos a los Estados Unidos, lo que representa un aumento de los 17 extraditados en 2001, pero la relación en cuanto a la extradición sigue siendo difícil debido a la incapacidad de México de extraditar a fugitivos que enfrentan cadena perpetua en el país solicitante. Las fuerzas del orden y el personal militar mexicanos siguieron concentrándose con éxito en las principales organizaciones de narcotraficantes y sus cabecillas, incluido el arresto de 36 de los principales fugitivos buscados por delitos relacionados con las drogas en los Estados Unidos. En 2002 se redujo el cultivo de adormidera, extensamente disperso en pequeñas parcelas en zonas aisladas. Al mismo tiempo, México llevó a cabo un intensivo programa de erradicación, principalmente manual. La producción potencial de heroína se redujo de 8,4 toneladas métricas en 2001 a 5,6 toneladas métricas en 2002.

Con el fin de realzar la imagen y la urgencia de las actividades antinarcóticos, el Gobierno de Fox dio a conocer en 2002 un ambicioso Programa Nacional para el Control de Drogas, de seis años, con el cual apeló a la sociedad y a las instituciones mexicanas a librar un ataque frontal contra todos los aspectos del problema de las drogas, incluidos su producción, tráfico y consumo. Después del 11 de septiembre, los Estados Unidos y México ampliaron considerablemente su cooperación en asuntos de seguridad fronteriza con el fin de asegurar una inspección más estricta tanto de personas como de bienes.

El Gobierno de Fox ha tomado medidas para poner freno a la corrupción en las instituciones mexicanas. Los arrestos de dos generales mexicanos en 2002 y la disolución de un batallón del ejército mexicano en Sinaloa por motivos de corrupción reflejan la disposición del Gobierno de Fox de atacar la corrupción. Para prevenir la corrupción, se ha disuelto la fuerza policial antidrogas mexicana (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, FEADS) y estructurado la nueva Agencia Federal de Investigación (AFI), una fuerza policial más moderna, cuyas principales prioridades son la lucha contra la corrupción y la protección de la información.

En 2002, los Presidentes Bush y Fox firmaron el acuerdo de Asociación Fronteriza Estados Unidos-México para mejorar los controles a lo largo de nuestra frontera común. Los 22 puntos de acción se concentran en la creación de una infraestructura, el movimiento de personas y el movimiento de bienes. Con los US$25 millones de fondos suplementarios para situaciones de emergencia autorizados por el Congreso, la INL ha estado trabajando con los organismos estadounidenses asociados para proveer a las entidades mexicanas de aduana y de inmigración equipos para inspección, adiestramiento en seguridad, computadoras y programas de gestión en los puertos de entrada, un sistema avanzado de intercambio de información sobre pasajeros y otras mejoras. El objetivo es acelerar el movimiento legítimo de bienes y personas y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad de las autoridades policiales y judiciales de detectar actividades delictivas.

En el ejercicio de 2004, la INL propone fusionar los programas antinarcóticos y de Asociación Fronteriza mediante una solicitud conjunta de US$37 millones. De esta suma, se utilizarían unos US$17,5 millones para ampliar el financiamiento suplementario para situaciones de emergencia. Ese esfuerzo se complementaría con US$2,5 millones por medio de la ayuda para ampliar la seguridad de los puertos marítimos. Además, se emplearían US$10,9 millones para sostener las operaciones contra las drogas y la delincuencia y se utilizarían US$3,4 millones para ampliar nuestro importante trabajo con México concerniente a reforma, capacitación y profesionalización del sector de justicia penal. Nos proponemos también continuar con los modestos programas en curso de prevención de la drogadicción y la delincuencia y de desarrollo alternativo.

ASIA

Afganistán

El cultivo de amapola en Afganistán, que se había prohibido en 2000 bajo el régimen draconiano de los Talibanes, se reanudó después del 11 de septiembre en un entorno caracterizado por una economía devastada y la ausencia del orden público en todo el país. Afganistán retomó su posición como el mayor productor de heroína del mundo en 2002 y los resultados preliminares para 2003, a pesar de nuestros propios esfuerzos y de los aportes considerables del Reino Unido como país principal en la lucha contra el narcotráfico afgano, indican sólo modestas ganancias hasta ahora. Sin una fuerza de seguridad organizada o sin el estado de derecho, el narcotráfico y los ingresos y grupos delincuentes que éste genera minarán la estabilidad tanto de Afganistán como de la región.

Después de la caída de los Talibanes, los Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional sentaron las bases para reconstruir los sistemas de seguridad y justicia penal destruidos casi por completo. Presionado por los Estados Unidos y otros países, el nuevo Gobierno de Afganistán anunció la prohibición de los cultivos de adormidera; estableció la Dirección Antinarcóticos (CND) bajo el Consejo Nacional de Seguridad (donde tendrá la necesaria autoridad, visibilidad y acceso); respaldó los programas de erradicación del Reino Unido (que redujeron un 30 por ciento la cosecha de la primavera de 2002) y los programas de desarrollo alternativo de los Estados Unidos; y comenzó a presionar directamente a los gobernadores provinciales para que apoyen las actividades de erradicación.

Dada la ausencia de una autoridad gubernamental central en las provincias y el fracaso general del estado de derecho, los corredores de opio han quedado en libertad para suministrar semillas de amapola, fertilizantes, crédito y bonificaciones en efectivo a los agricultores con el fin de instarlos a cultivar adormidera. Será necesario ampliar los servicios de apoyo agrícola para cultivos legítimos y nos complace que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la USAID tengan planes de trabajo para prestar esos servicios. Se necesitará también crédito a un costo razonable. No obstante, el requisito crucial es el restablecimiento de la seguridad y del estado de derecho. Sin una fuerza de seguridad organizada o sin estado de derecho, el narcotráfico y la delincuencia minarán los esfuerzos para crear una recuperación estable en Afganistán.

La INL trabaja estrechamente con otros países en calidad de líder del restablecimiento de la capacidad de seguridad pública de Afganistán, incluso con el Reino Unido, que es el líder en las cuestiones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico; con Alemania, que proporciona capacitación y equipo a la policía nacional; y con Italia, que se dedica a formular y modernizar el sistema judicial. El Presidente Karzai ratificó una Estrategia Nacional de Control de Estupefacientes en mayo, y nosotros, el Reino Unido y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUCDD) encabezamos el esfuerzo para apoyar esa estrategia de una forma que se pueda implantar con eficiencia y eficacia.

Nuestra solicitud presupuestaria de US$40 millones para Afganistán en el ejercicio de 2004 se dividiría en tres campos: la lucha contra el narcotráfico, el adiestramiento policial y la reforma del sector de justicia. La mayor parte del presupuesto de 2004 (US$26,5 millones) se concentra en crear programas de aplicación de la ley y mantenimiento del estado de derecho, que son elementos fundamentales para llevar a cabo programas exitosos de lucha contra el narcotráfico y ampliar la capacidad de aplicación de la ley para combatirlo. Aportaremos partidas más pequeñas (US$12,8 millones) a los programas de desarrollo alternativo, reducción de la demanda y concientización sobre los efectos perjudiciales de las drogas.

Cabría añadir que aparte de nuestro trabajo en Afganistán y de nuestros programas de envergadura en Pakistán, a los que me referiré a continuación, la INL trabaja también con los cinco países de Asia Central, en estrecha colaboración con las Naciones Unidas, para modernizar su capacidad en lo que respecta a servicios de inteligencia, investigación, interdicción e interposición de acciones judiciales por las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Estos mismos países cultivan amapola en menor escala solamente, pero están situados entre Afganistán y los principales mercados de Europa Occidental y los mercados considerables y aún crecientes de Rusia y otros países intermedios de tránsito. Los países de Asia Central son propensos al narcotráfico debido a fronteras porosas y a programas antinarcóticos ineficaces.

Pakistán

Por causa de los atentados del 11 de septiembre, la INL cambió el enfoque de su asistencia a Pakistán de programas de control de estupefacientes y afines a programas de aplicación de la ley, incluida la seguridad de la frontera con Afganistán de importancia fundamental. El programa de seguridad fronteriza implantado por el Departamento de Justicia está destinado a afianzar y ampliar las iniciativas tomadas con el financiamiento suministrado conforme a las leyes de asignaciones suplementarias de 2001 y 2002 para consolidar la capacidad de las fuerzas de mantenimiento del orden en Pakistán con el fin de proteger la frontera occidental contra elementos delictivos (incluidos los terroristas) y narcotraficantes. Como observara el Presidente Musharraf en Camp David el mes pasado, el Gobierno de Pakistán ha podido ingresar a sus zonas de la frontera occidental por primera vez en un siglo. El esfuerzo de la INL para ayudar a Pakistán a fortalecer la seguridad de sus fronteras ha dado resultado.

En lo que respecta a narcóticos, Pakistán, que alguna vez fuera el tercer productor de adormidera más grande del mundo, tuvo niveles sin precedentes de baja producción en 2000-2001. Si bien los niveles de cultivo aumentaron relativamente durante la época de cultivo de 2002-2003 debido a una serie de factores, incluidos precios muy altos y un efecto indirecto de Afganistán, el Gobierno de Pakistán sigue esforzándose al máximo para disminuir el cultivo. El Gobierno de los Estados Unidos colabora con estas actividades mediante una serie de programas, incluidos el apoyo al control de cultivos y al desarrollo alternativo y una iniciativa de construcción de carreteras en las Zonas Tribales de Administración Federal (FATA), que le permiten al Gobierno de Pakistán mantener una presencia policial activa en esas regiones aisladas.

La solicitud de la INL de US$38 millones para Pakistán en el ejercicio de 2004 incluye dos elementos importantes que se basan en los esfuerzos emprendidos en años anteriores, especialmente desde el 11 de septiembre. El Gobierno ha solicitado US$10,8 millones en asistencia a las fuerzas de orden civiles de Pakistán. La asistencia propuesta abordará dos objetivos principales, a saber, suministrar asistencia operativa para satisfacer las necesidades inmediatas y apoyar la reforma de las instituciones de aplicación de la ley, promovida por el Gobierno de Pakistán.

Esta asistencia, encabezada por el Departamento de Justicia, si bien tal vez no produzca resultados inmediatos, proporcionará mayor calidad y uniformidad en la aplicación de la ley y el respeto sostenible de los derechos humanos. El Gobierno ha solicitado US$26 millones para la seguridad fronteriza, que se basará en la exitosa implantación de apoyo a los productos básicos, capacitación y asistencia técnica que se iniciara con las asignaciones suplementarias de fondos de socorro en caso de emergencia (ERF) en el ejercicio de 2002.

Estos fondos se destinarán a cubrir los gastos continuos de mantenimiento, apoyo y operación de la Brigada Aérea del Ministerio del Interior, que incluye tres aviones de vigilancia de ala fija y cinco helicópteros apostados en Queta en la provincia de Baluchistán. Nuestra asistencia ampliará también la movilidad aérea para una rápida respuesta y presencia policial en la provincia de la frontera noroeste, mediante el establecimiento de un nuevo lugar de operaciones de avanzada en Peshawar con cinco helicópteros. Estos ambiciosos proyectos exigirán pleno financiamiento para asegurar el máximo efecto positivo posible.

Birmania

Birmania sigue ocupando el segundo lugar entre los mayores productores de opio ilícito del mundo y está entre los principales productores y traficantes mundiales de metanfetamina, lo que constituye una gran amenaza para la seguridad y la estructura social de Tailandia y otros países de la región. Los grupos narcotraficantes operan dentro de Birmania a lo largo de sus fronteras con China y Tailandia, y el Gobierno de Birmania aún debe frenar la participación en el narcotráfico ilícito del Ejército Estatal Unido Wa, la organización narcotraficante más grande, poderosa e importante dentro de sus fronteras. En los últimos años, el Gobierno de Birmania ha reducido considerablemente la producción de opio dentro de sus fronteras. El Gobierno celebró un pacto de no agresión con el Ejército Estatal Unido Wa, que controla un extenso territorio dentro de Birmania y, según las condiciones del pacto, el Ejército Wa acordó poner fin a la producción de opio después de la época de cultivo de 2005. Birmania ha colaborado también con organismos regionales e internacionales de lucha contra el narcotráfico, lo que ha llevado a la interposición de acciones judiciales contra traficantes y sus organizaciones y a varios acuerdos sobre el control de productos químicos precursores. Pero queda mucho más por hacer para abordar el gran desfase en los esfuerzos antinarcóticos de Birmania.

Si bien las leyes actuales prohíben la asistencia directa para combatir el narcotráfico (o de otro tipo) al régimen birmano, apoyamos un programa de desarrollo alternativo de la ONU en la principal región productora de opio de Birmania y respaldamos actividades regionales más amplias por conducto de la ONU y de terceros para coordinar los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico. Hemos sido uno de los principales donantes al Proyecto de Desarrollo Alternativo Wa de la ONUCDD y hemos instado con éxito a otros donantes a que apoyen este esfuerzo también. Seguiremos apoyando proyectos de desarrollo alternativo de la ONUCDD que lo merezcan y no beneficien directamente al Gobierno de Birmania e instando a éste a que tome medidas serias y verificables con respecto a los asuntos relacionados con la lucha contra el narcotráfico.

Corea del Norte

Cada vez estamos más convencidos de que los agentes y las empresas estatales de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) están involucrados en el narcotráfico. Al mismo tiempo, la información sigue siendo relativamente fragmentaria. Si bien tenemos la firme sospecha de que se cultiva adormidera en Corea del Norte, no disponemos de información exacta en cuanto al alcance de la producción. Los informes periodísticos y otras fuentes indican que Corea del Norte cultiva entre 7.000 y 8.000 hectáreas de adormidera y produce de 40 a 50 toneladas de opio por año, lo suficiente para producir alrededor de tres a cinco toneladas de heroína, pero no se pueden verificar esas cifras.

Si bien en los últimos años se confiscaron varias cajas de heroína originarias de la RPDC según se informó, incluso en Taiwán, Japón y el Lejano Oriente ruso, y en varios casos se ha arrestado a norcoreanos (incluso a diplomáticos), carecemos de pruebas directas que indiquen que las drogas confiscadas fueron en efecto producidas en la RPDC. De manera similar, no está clara la fuente de aproximadamente 125 kg de heroína entrada de contrabando a Australia a bordo del buque "Pong Su" de propiedad norcoreana y confiscada por las autoridades australianas en abril de 2003. Su embalaje indica, pero no prueba, que procede de Asia Sudoriental.

Ha habido indicios muy claros, especialmente por una serie de confiscaciones en el Japón, de que los norcoreanos trafican en metanfetamina y probablemente la fabrican. Por lo menos desde 1995, Corea del Norte ha importado cantidades importantes de efedrina, el ingrediente principal para la producción de metanfetamina, parte de las cuales podría desviarse para la fabricación de estupefacientes ilícitos. El Japón es el mercado individual más grande de metanfetamina de Asia, con más de 2,2 millones de toxicómanos y un consumo estimado de 20 toneladas métricas de metanfetamina por año. Durante los últimos años, las autoridades japonesas han confiscado numerosos embarques ilícitos de metanfetamina que, en su opinión, provenían de Corea del Norte. En la mayoría de estas confiscaciones, los narcotraficantes y los barcos norcoreanos hacían contacto en alta mar en las aguas territoriales de Corea del Norte para trasladar los narcóticos a los navíos de los traficantes japoneses. Las autoridades de Taiwán confiscaron también varios embarques de metanfetamina y heroína que habían sido trasladados de navíos norcoreanos a los barcos de los traficantes.

El brusco aumento de los grandes decomisos de metanfetamina en el Japón después de los indicios previos de las gestiones realizadas por Corea del Norte para importar efedrina muestra, de una forma convincente, un esfuerzo dirigido por el Estado para fabricar y traficar este narcótico en el mercado individual más grande de metanfetamina de Asia. Un 35 por ciento de los decomisos de metanfetamina en el Japón, desde 1998 hasta 2002, se originó en Corea del Norte y la policía japonesa cree que un alto porcentaje de la metanfetamina circulante en las calles japonesas proviene de Corea del Norte.

Asimismo, los decomisos de las drogas que se trafican a Taiwán en forma similar (es decir, con los navíos de los traficantes que recogen las drogas de los navíos norcoreanos) son indicativos de una dirección centralizada. En ambos casos, se han trasladado grandes cantidades de drogas, costosas incluso a precios mayoristas, de barcos norcoreanos de propiedad del Estado, en ocasiones por hombres uniformados, a barcos proporcionados por los traficantes japoneses o chinos étnicos para introducción subrepticia al Japón o a Taiwán.

Hace poco, el Gobierno de los Estados Unidos decidió intensificar las gestiones jurídicas y de aplicación de la ley contra la actividad ilícita de la RPDC, incluido el narcotráfico, tanto a escala nacional como internacional. En la actualidad, analizamos diversas iniciativas diplomáticas, de aplicación de la ley y de intercambio de inteligencia con gobiernos clave de Asia, y esperamos afianzar una acción internacional más amplia con el fin de frenar la corriente de narcóticos ilícitos y otros productos ilegales procedentes de Corea del Norte.

DROGAS SINTÉTICAS

Las drogas sintéticas, si bien son un grave motivo de preocupación en la actualidad, pueden presentar una amenaza futura aún mayor para los Estados Unidos y muchos otros países. Estas drogas ofrecen márgenes de ganancias considerablemente mayores para los grupos delictivos, son relativamente fáciles de producir y no conllevan el mismo estigma social que la cocaína y la heroína entre las poblaciones de consumidores, por ejemplo, los jóvenes. Si bien hay una serie de drogas de abuso de producción sintética, las dos amenazas principales para los Estados Unidos son la metanfetamina, un estimulante tipo anfetamina (ATS) que es motivo de creciente preocupación mundial, y el éxtasis (MDMA/XTC), una droga de gran consumo en discotecas. A continuación se incluye un resumen de las actividades de la INL para hacer frente a las principales amenazas creadas por las drogas sintéticas para los Estados Unidos.

Metanfetamina

En la actualidad, la metanfetamina es la principal droga sintética motivo de preocupación en los Estados Unidos. El uso indebido de esta droga es más problemático en nuestros estados de las regiones occidental y central, pero va en aumento en la región oriental de los Estados Unidos. Si bien gran parte de la metanfetamina se produce a escala nacional—de manera predominante en los estados de la región occidental—la principal fuente extranjera es México. Los grupos delictivos que tienen su sede en México participan también activamente en la producción de metanfetamina en los Estados Unidos.

Los programas dirigidos o respaldados por la INL destinados a hacer frente a esta amenaza en México incluyen las siguientes actividades: 1) apoyamos el ataque contra las principales organizaciones narcotraficantes mediante el suministro de asistencia técnica y adiestramiento a las fuerzas del orden mexicanas que participan directamente en las medidas de aplicación de la ley contra los principales grupos delictivos; 2) financiamos —bilateralmente y por medio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos— los adelantos en el control de los productos químicos destinados a reducir la disponibilidad de sustancias químicas esenciales utilizadas en la producción de metanfetaminas; 3) administramos activamente un programa después del 11 de septiembre para reforzar de manera sustancial la seguridad física a lo largo de nuestra frontera sudoccidental —a través de la cual se pasa de contrabando la mayor parte de la metanfetamina producida en el extranjero; y (4) destacamos varios programas creados para modernizar y profesionalizar instituciones mexicanas clave del sector de justicia y tener así un impacto positivo sobre su capacidad y rendimiento en la lucha contra el narcotráfico.

Si bien México parece ser la fuente extranjera más grande de metanfetamina procesada, al Gobierno de los Estados Unidos le preocupa que el Canadá pase a ser una fuente importante de pseudoefedrina, la sustancia química precursora. El Canadá es también una fuente de marihuana de alta potencia. En los últimos años, ha habido un aumento alarmante de la cantidad de pseudoefedrina desviada de fuentes canadienses a laboratorios clandestinos de metanfetamina en los Estados Unidos. Este año el Gobierno del Canadá implantó un reglamento sobre la venta y distribución de productos químicos precursores. Acogemos con beneplácito este nuevo reglamento, pero nos sigue preocupando la probabilidad de que el régimen de control resultante no sea bastante fuerte, en particular en lo concerniente al aspecto investigativo y a la aplicación del reglamento.

La INL ha colaborado estrechamente con la comunidad interinstitucional para establecer un diálogo activo con el Canadá acerca de estos asuntos, comenzando por la correspondencia oficial el año pasado sobre la evaluación del reglamento propuesto por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Empleamos el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos para destacar el problema e instar al Canadá a dar una respuesta enérgica. Las autoridades canadienses nos han garantizado su compromiso de asegurar que el nuevo régimen de fiscalización aborde la amenaza.

La producción y el tráfico de metanfetamina son también un grave problema en el Asia Sudoriental, por lo que los Gobiernos desde Tailandia hasta Filipinas señalan eso como uno de los principales motivos de preocupación en cuanto a la seguridad nacional. Si bien se trata de un problema regional, gran parte de la atención se centra en Birmania, donde se calcula que se producen y trafican cientos de millones de pastillas a los países vecinos y desde éstos. Tailandia ha sido uno de los países más afectados. Las autoridades tailandesas decomisaron más de 70 millones de pastillas en 2002, lo que impulsó al Real Gobierno de Tailandia a emprender una "guerra contra las drogas" en 2003. Tailandia, un aliado de los Estados Unidos durante muchos años en la lucha contra las drogas y líder regional en el combate a las drogas ilícitas, es un colaborador clave en las actividades antinarcóticos. Tailandia, que alguna vez fuera país de procedencia de la heroína, ha implantado una enérgica estrategia de lucha contra el narcotráfico que ha mantenido el cultivo de adormidera por debajo de 1.000 hectáreas en 2002 por cuarto año consecutivo, y al nivel más bajo desde mediados de la década de los ochenta. Aun así, Tailandia sirve de zona de tránsito de la heroína y del volumen de metanfetamina, de crecimiento brusco, que sale de Birmania y otros países de la región.

Nuestra solicitud de US$2 millones para el ejercicio de 2004 sostendrá a niveles reducidos programas iniciados antes para apoyar el fortalecimiento institucional con el fin de ampliar la capacidad para arrestar, enjuiciar y condenar a traficantes bien conocidos y desmantelar sus organizaciones. Con la exhortación de los Estados Unidos y con nuestra ayuda, Tailandia ha comenzado a enmendar prácticamente todas las leyes básicas en materia de narcóticos y todas las leyes penales sustantivas y procesales, incluidas las relacionadas con el lavado de dinero y los delitos financieros.

También ayudamos a Tailandia a modernizar su sistema de justicia penal y a mejorar su capacidad para investigar y procesar todo tipo de delitos. La última racha de asesinatos extrajudiciales relacionados con la guerra contra las drogas en Tailandia pone de relieve la necesidad de dicha ayuda. Hemos expresado repetidamente nuestras inquietudes sobre este tema a los niveles más altos del Real Gobierno de Tailandia y hecho hincapié en la necesidad de respetar el estado de derecho y de buscar rendición de cuentas y justicia en los casos de asesinatos extrajudiciales. Nuestros esfuerzos siguen siendo cruciales para la capacidad de Tailandia de disuadir o enjuiciar eficazmente a los traficantes de drogas, personas y armas, y desmantelar las organizaciones delictivas cuyas actividades afectan de manera adversa a la seguridad regional y otros intereses de los Estados Unidos.

Éxtasis

El aumento de la cantidad de drogas sintéticas ilícitas que ingresan a los Estados Unidos, en particular éxtasis de Europa, es motivo de especial preocupación. Una cantidad considerable del éxtasis consumido en los Estados Unidos se fabrica clandestinamente en los Países Bajos (en 2001, se decomisó un total de 9,5 millones de pastillas de éxtasis en los Estados Unidos, y la Administración de Control de Drogas cree que la mayoría de las pastillas se originaron en los Países Bajos).

Colaboramos estrechamente con las autoridades holandesas para poner fin a la producción y exportación de éxtasis, que ambos consideramos una grave amenaza para nuestros ciudadanos. En marzo, presidimos junto con el Departamento de Justicia una reunión de alto nivel con los homólogos holandeses que dio como resultado un plan de acción concreto para intensificar las actividades holandesas contra la producción y el tráfico de éxtasis y la cooperación entre los Estados Unidos y los Países Bajos al respecto. Ambos han ampliado su dotación de personal, intercambian información (incluso evaluaciones de amenazas) y cooperan estrechamente para identificar a las organizaciones delictivas y desmantelarlas.

Sr. Presidente, la Dirección de Asuntos Internacionales relativos a Estupefacientes y la Aplicación de la Ley del Departamento de Estado agradece sobremanera la oportunidad de analizar con la Comisión este importante tema y estos programas clave de lucha contra las drogas. Además, agradecemos el continuo interés de la Comisión y sus muchos esfuerzos personales en el apoyo a nuestros programas. Esperamos tener una colaboración cada vez más estrecha con la Comisión y lograr éxito en nuestra acción conjunta para reducir la disponibilidad de estupefacientes ilícitos producidos y traficados desde sus principales países de procedencia.

  
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