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Departamento de Estado de los Estados Unidos
   

Ningún país debe quedar rezagado


Secretary Colin L. Powell
Reimpreso de la revista Foreign Policy, enero-febrero de 2005
Washington, DC
12 de enero de 2005

Al aproximarse el término del primer Gobierno de George W. Bush, muchos me pidieron que resumiera la trayectoria del Presidente en materia de política exterior en los últimos cuatro años. De manera casi invariable, sus preguntas se centraban en el 11 de septiembre y en la guerra contra el terrorismo, los sucesos en Iraq y Afganistán, el estado de las relaciones transatlánticas o las dificultades del oficio de los servicios de inteligencia. Y de manera casi invariable también, mis respuestas han hecho hincapié en distinguir entre asuntos como estos que tienden a dominar la primera plana de los periódicos y otros de igual o mayor trascendencia estratégica a largo plazo que rara vez generan mucho interés.

Entre estos últimos asuntos, ninguno tiene más importancia que el desarrollo económico de las sociedades más pobres del mundo. Según las palabras pronunciadas por el Presidente al referirse a la Estrategia de Seguridad Nacional en septiembre de 2002, "Un mundo en que algunos viven con holgura y abundancia, mientras que la mitad de los seres humanos vive con menos de US$2 diarios, no es ni justo ni estable". Ningún otro asunto ha consumido tanto la preocupación y energía del Gobierno. Ahora que George W. Bush tiene un mandato para un segundo período, se propone alcanzar sus metas de desarrollo económico con la misma determinación que hizo posible la liberación de Iraq y Afganistán. El Presidente ha dicho que tiene la intención de gastar el capital político obtenido hasta ahora en ganarse la confianza del pueblo estadounidense, y el mundo puede tener la seguridad de que gran parte de ese capital se destinará a ayudar a sus ciudadanos más pobres.

Al hacerlo, el Presidente amplía el legado del Presidente John F. Kennedy, que estableció la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 1961. Durante largo tiempo ha sido parte de nuestros objetivos internacionales contribuir a la prosperidad de las sociedades pobres. No obstante, el logro de un éxito amplio y sostenido ha resultado ser más difícil de lo que los diplomáticos y economistas previeron en su momento.

Hemos llegado a comprender que la asistencia para el desarrollo no da buen resultado cuando se concibe y pretende alcanzar como un ejercicio económico estrecho. Está más claro que nunca que las actitudes políticas y las predisposiciones culturales afectan a la conducta económica de las personas, y que la historia ha forjado las instituciones económicas de las sociedades. Los factores externos, incluidas las condiciones de seguridad, también cumplen una función en la determinación del progreso económico, en particular a medida que la globalización entreteje el destino de las naciones.

El primer Gobierno de George W. Bush tomó en serio estas lecciones. Para nosotros, el desarrollo, la democracia y la seguridad están inextricablemente unidos. Reconocemos que la mitigación de la pobreza no puede dar resultado sin un crecimiento económico sostenido, lo que exige que los legisladores tomen en serio el desafío de la buena gestión de la cosa pública. Al mismo tiempo, las democracias nuevas y a menudo frágiles no pueden sostenerse con fiabilidad, y los valores democráticos no pueden extenderse más, a menos que nos esforcemos con ahínco y prudencia para lograr el desarrollo económico. Ningún país, por poderoso que sea, puede garantizar la seguridad de su pueblo mientras la injusticia y la desesperación económica convivan con la tiranía y el fanatismo.

El desarrollo no es un asunto secundario de política, sino un asunto básico de seguridad nacional. Si bien observamos un vínculo entre el terrorismo y la pobreza, no creemos que la pobreza sea causa directa del terrorismo. Son pocos los terroristas pobres. Los líderes del grupo responsable de los atentados del 11 de septiembre eran hombres instruidos, que distaban mucho de pertenecer a los niveles más bajos de su sociedad. La pobreza genera frustración y resentimiento, que los empresarios ideológicos pueden convertir en apoyo o consentimiento al terrorismo, en particular en los países en que la pobreza va de la mano con la falta de derechos políticos y libertades básicas.

La conexión entre la pobreza y la falta de libertad no es casual. Si bien la dotación de recursos forja el desarrollo, la pobreza no es inevitable en países que poseen pocos recursos naturales. Después de todo, Holanda y Venecia en los días de antaño, y Singapur e Israel en la actualidad, son pequeños territorios sin recursos naturales importantes, pero no han sufrido pobreza ni impotencia.

La causa básica de la pobreza es la injusticia social y los malos gobiernos que la instigan. La pobreza surge y persiste donde la corrupción es endémica y se reprime a la empresa, donde falta la imparcialidad básica provista por el estado de derecho. En tales circunstancias, la pobreza es un ataque contra la dignidad humana, y en ese ataque yace la semilla natural de la ira humana.

Los Estados Unidos no pueden ganar la guerra contra el terrorismo a menos que afronten las causas sociales y políticas de la pobreza. Queremos que quienes cometan actos de terrorismo paguen sus culpas ante la justicia, pero también queremos que los pueblos gocen del derecho a la justicia. Queremos ayudar a los demás a lograr un Gobierno representativo que les brinde oportunidades e imparcialidad. Queremos liberar el espíritu humano para que puedan florecer el espíritu empresarial, las inversiones y el comercio. Este objetivo es la condición social y política previa indispensable para el desarrollo sostenible; es el medio por el cual arrancaremos de raíz las estructuras de apoyo social del terrorismo.

Además de ser un trabajo difícil y complejo, el desarrollo es también un trabajo de enormes proporciones. La mitad de los habitantes de este Planeta, alrededor de 3.000 millones de seres humanos, vive en la más completa indigencia. Más de 1.000 millones de personas carecen de agua limpia y 2.000 millones, de suficiente saneamiento y energía eléctrica. Por más complejo y enorme que sea el desafío, lo hemos aceptado de frente y, para hacerlo, nos hemos unido a otros países para reformar la política de desarrollo a escala mundial. La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey, México, en 2002 llegó a un nuevo consenso sobre el desarrollo. Se trata de un consenso que compartimos totalmente, integrado por tres pilares centrales: una dedicación compartida al crecimiento económico impulsado por el sector privado; el desarrollo social; y la administración responsable y consciente de los recursos naturales basada en la buena gestión de la cosa pública y el estado de derecho.

Incentivos para el mercado
Los sistemas económicos funcionan mejor cuando el acceso a las oportunidades es justo, y cuando los pueblos libres pueden usar su talento para contribuir a la prosperidad propia y la de los demás. La ayuda puede ser un catalizador para el desarrollo, pero los verdaderos motores del crecimiento son el espíritu empresarial, las inversiones y el comercio. Esos motores son los que producen empleos, y para cualquier familia un empleo es la red de seguridad social más importante. Para que la ayuda económica a los países en vías de desarrollo dé resultado, debe formar parte de un sistema de incentivos para la buena gestión de la cosa pública. La ayuda externa que da resultado es la que se convierte en una medida obsoleta. Si un país necesita ayuda año tras año, década tras década, se volverá dependiente de la asistencia exterior.

De hecho, la ayuda externa a los regímenes no democráticos puede ser contraproducente ya que aumenta la longevidad de la autocracia gobernante al facilitar a los déspotas la tarea de mantener contenta a su pequeña camarilla de partidarios. La ayuda externa no producirá un cambio real si los mercados son manipulados por autócratas que controlan el acceso al crédito, las licencias y los empleos. La ayuda externa no generará crecimiento si no pueden surgir instituciones bancarias sólidas, ya que la transparencia pone al descubierto el nepotismo y otras formas de corrupción. La ayuda externa no da resultado si la mano dura del autoritarismo reprime la iniciativa individual.

En última instancia, no es posible separar la economía de la política. No podemos esperar que la democracia dé resultado en lugares donde haya una flagrante injusticia económica. No podemos esperar tener un éxito económico sostenido en lugares donde se coarta la vida política. Esta simbiosis entre la libertad política y económica es la base de la Cuenta del Reto del Milenio (CRM), que ofrece un contrato inspirado en el propio mercado libre, en eso reside su genialidad. Los beneficiarios del dinero de la CRM deben cumplir una serie de requisitos de admisibilidad antes de poder recibir un solo centavo. Los Gobiernos ya deben tener en pie políticas eficaces para gobernar con justicia, invertir en su pueblo y promover la libertad económica. También deben convenir en alcanzar resultados apreciables de la asistencia exterior en cuanto a disminuir la pobreza y generar un amplio crecimiento económico.

Dicho de forma un poco distinta, la CRM es un sistema de incentivos para recompensar la diseminación de la libertad de expresión y de reunión, un mayor acceso a los préstamos para que la gente pueda montar nuevas empresas, y la observancia del estado de derecho para proteger la propiedad privada y hacer valer la inviolabilidad de los contratos. Es un sistema de incentivos para que los países proporcionen a sus pueblos los instrumentos básicos para su propia prosperidad.

El poder de la CRM era evidente incluso antes de hacerse ley. Por ejemplo, un país aprobó e hizo cumplir cuatro leyes contra la corrupción con el objeto de poder recibir los fondos de la CRM. Ahora que la CRM está disponible y que 17 países reúnen las condiciones exigidas para recibir recursos económicos, su influencia se propagará rápidamente a medida que aumenten los fondos para el programa. El Congreso de los EE.UU. asignó US$1.000 millones para el primer año. El Gobierno solicitó US$2.500 millones este ejercicio fiscal, y esperamos que los niveles de financiación aumenten a US$5.000 millones al año para el ejercicio fiscal de 2006.

Por supuesto, no todos los países reunirán las condiciones exigidas para recibir fondos de la CRM en el menor tiempo posible. No todos los Gobiernos autocráticos arriesgarán su control del poder para ayudar a sus pueblos. Además, la mala gestión persistente de la cosa pública seguirá generando inestabilidad política y las crisis humanitarias que suele traer aparejadas. Seguiremos ayudando a mitigar esas crisis siempre que podamos. No castigaremos a los pueblos por las acciones de los malos Gobiernos sobre los cuales el control que ejercen es poco o nulo. La labor de la USAID tiene una importancia fundamental en este aspecto. Pero la asistencia humanitaria es una medida temporal. Nuestro verdadero objetivo es erradicar la pobreza desafiando a los líderes de los países en vías de desarrollo a forjar con sus propias manos el futuro de sus países. En última instancia, ellos son los responsables del éxito o del fracaso de su propio empeño en materia de desarrollo.

Creemos que ningún país queda exonerado de esa responsabilidad ni de las posibilidades propicias que surgen de ella. Del mismo modo que el Presidente cree que ningún niño debe quedar rezagado en la educación, que todos los niños pueden aprender, cree también que ningún país debe quedar rezagado en el desarrollo, que todos los países pueden prosperar. Fase por fase, un país a la vez, durante el tiempo que haga falta, el Presidente se propone ayudar a todas las sociedades de escasos recursos, con la gestión de la USAID que empuja de un lado y de la CRM que tira del otro.

Mientras tanto, podemos ayudar a dotar de los medios necesarios a los hombres y mujeres de todo el mundo. La comunidad internacional tiene que mejorar su desempeño en la tarea de poner en contacto a las personas que desean trabajar con los mercados que necesitan esa mano de obra. Como mínimo, 180 millones de personas de todo el mundo residen fuera de sus países de origen. Algunos son refugiados políticos, pero la inmensa mayoría son inmigrantes legales e ilegales. La gente desea una vida mejor, y a menudo está dispuesta a correr riesgos de enormes proporciones por el futuro de su familia.

Esos riesgos han comenzado a rendir frutos. Las remesas enviadas por los trabajadores migrantes a sus hogares, que ascendieron a un total de unos US$93.000 millones en 2003, en comparación con la ayuda oficial de US$77.000 millones destinada al desarrollo, se han convertido en un recurso financiero esencial para los países en vías de desarrollo. Más personas emigrarían a mercados de trabajo hospitalarios si se redujeran las barreras para hacerlo legalmente. Las remesas podrían duplicarse o hasta triplicarse. Sin embargo, en la actualidad el mundo no dispone de un mecanismo multilateral eficaz para manejar estos asuntos, ni de un régimen internacional efectivo para reducir los costos humanos de la migración ilegal.

Las iniciativas globales del Presidente en materia de trata de personas —que procuran poner fin a la prostitución forzosa, el trabajo forzoso y los niños soldados— forman parte de nuestra campaña para lidiar con la inmigración ilegal. El Gobierno también ha tomado medidas para disminuir los costos del envío de remesas desde los Estados Unidos. No obstante, lo más importante a este respecto fue la propuesta del Presidente Bush el año pasado de una nueva asociación con México, que proponía un programa para trabajadores temporales que pudiera hacer concordar la mano de obra con los mercados. El Presidente propuso una manera de transformar un proceso que con demasiada frecuencia es ilegal, ineficiente e inhumano en un proceso que respete la ley, dé resultado desde el punto de vista económico, y comprenda que los trabajadores son, sobre todo, seres humanos.

No hace falta que estos principios se limiten a nuestras propias fronteras. Dondequiera que se dé, la migración ilegal socava el estado de derecho, representa riesgos para la salud y la seguridad públicas y arruina vidas. La migración ilegal también sustenta a los delincuentes organizados, que se dedican a la trata de personas sin tener más escrúpulos de los que tienen al traficar en drogas y armas. La muerte por asfixia de personas desesperadas en contenedores de carga, en la parte trasera de camiones sin ventilación, y en sucias bodegas de buques de carga nos revela lo que está en juego aquí. La migración ilegal es un reto mundial, por lo que se debe afrontar en esa misma escala. Debemos redoblar nuestro empeño en formar asociaciones internacionales para abordar este problema apremiante.

La salud de las naciones
Las instituciones económicas y políticas sólidas no pueden funcionar a menos que las personas sean sanas y lo suficientemente instruidas para aprovechar su capacidad. Por ende, combatimos el hambre y la desnutrición mediante el Programa de Alimentos para la Paz, que pone a disposición de los países en vías de desarrollo con crisis alimentarias donaciones de productos básicos y asistencia alimentaria de emergencia. Apoyamos a los países de recursos más escasos que invierten en su propio pueblo, sobre todo en la educación.

También tratamos de estimular el desarrollo comercial mediante programas como la Iniciativa de Libertad Digital, que contribuyen a que los empresarios y las pequeñas empresas de todo el mundo en desarrollo tengan acceso a la nueva tecnología de información y comunicaciones. Hemos llevado a cabo proyectos experimentales de desarrollo de la informática en Senegal, Indonesia, Perú y Jordania. Si estos proyectos dan el resultado previsto, nos proponemos hacer participar como mínimo a 16 países más en los próximos cuatro años.

Sobre todo, consideramos que el logro de condiciones básicas de salud y saneamiento es el requisito previo clave para el desarrollo, y que el agua limpia es primordial para esta tarea. Las poblaciones en aumento y la mayor actividad económica en muchas partes del mundo han dificultado el acceso al agua limpia para millones de personas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia calcula que cada día mueren 6.000 niños por enfermedades relacionadas con la contaminación del agua, por ejemplo, la diarrea, a consecuencia de las malas condiciones de saneamiento. Nuestra Iniciativa "Agua para los Pobres", que ayuda a los países asociados a manejar mejor su abastecimiento de agua y a prevenir la contaminación de valiosas fuentes de agua dulce, contribuirá a asegurar que cada persona, en particular cada niño, pueda complacerse en saber que habrá un mundo donde el sencillo acto de beber un vaso de agua no constituye un riesgo potencialmente mortal. Con US$970 millones de capital inicial, tratamos de obtener como mínimo US$1.600 millones a escala mundial para este fin.

En la actualidad, combatimos las enfermedades en muchos otros planos. Junto con el Grupo de los ocho países más industrializados (G-8), estamos empeñados en erradicar la poliomielitis de una vez por todas. Con este fin, el G-8 —con socios públicos y privados— se ha comprometido a donar US$3.480 millones. También combatimos la malaria y la tuberculosis farmacorresistente. Además, estamos dedicados a mejorar el sistema de salud pública mundial, ya que, como lo reveló la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave (SARS), las enfermedades infecciosas no conocen fronteras.

Sobre todo, combatimos el flagelo del VIH/SIDA. El Presidente Bush considera la lucha contra esta pandemia como un imperativo moral, pero también ve los estragos causados por el VIH en el desarrollo. Sus víctimas incluyen no sólo a quienes se enferman sino a sociedades enteras a las que esta tragedia toma de rehenes. El fondo de emergencia para el SIDA propugnado por el Presidente destina US$15.000 millones en un plazo de cinco años para prevenir nuevas infecciones, tratar a millones de personas ya infectadas, y cuidar de los huérfanos que las víctimas mortales dejan tras de sí. Bajo el liderazgo del Presidente Bush, los Estados Unidos gastan casi el doble de lo que gastan los gobiernos donantes del resto del mundo en la lucha contra el SIDA.

Sobre este punto puede afirmarse también que la lucha contra las enfermedades como parte de nuestra estrategia de desarrollo no puede separarse de sus dimensiones políticas y de seguridad. El SIDA es más que un problema médico, y no puede curarse con dinero solamente. Es un problema con raíces sociales, y en algunos países los obstáculos políticos siguen ocupando un lugar preponderante. Habrá menos seguridad en el mundo si no logramos pasar esta prueba que tenemos por delante.

Conservacionismo compasivo
Para ser sostenible, el desarrollo debe ser un proceso que invierta y pague dividendos, que siembre y también coseche. Creemos firmemente en la administración responsable y consciente de los recursos naturales, como lo sugiere la conexión orgánica entre los términos "conservación" y "conservador". Después de todo, fue un Presidente republicano, Theodore Roosevelt, quien introdujo el concepto moderno de la conservación hace casi un siglo. Por ende, nadie debería sorprenderse de que el primer Gobierno de George W. Bush iniciara unos 20 programas importantes de promoción del desarrollo sostenible o se incorporara a ellos.

Por ejemplo, en 2002, durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, inicié la Alianza para la Protección Forestal de la Cuenca del Río Congo. Ese programa es una coalición de 13 gobiernos, 3 organizaciones internacionales y 10 grupos de la sociedad civil unidos para proteger un bosque tropical que ocupa el segundo lugar entre los más extensos del mundo. Queremos protegerlo porque es hermoso e irreemplazable, pero también porque proporciona un medio de vida a millones de personas por ser una fuente clave de recursos naturales y turismo. En 2003, el Presidente presentó su iniciativa contra la explotación forestal ilegal en todo el mundo. Quienes se dedican a la tala clandestina de árboles madereros y a la venta ilegal del producto obtenido perjudican al medio ambiente, a la industria maderera legal y a los consumidores al dificultar mucho más el uso responsable y consciente de recursos escasos. Nos estamos organizando y ayudamos a organizar a los demás para poner fin a esta forma de profanación y robo del medio ambiente.

Además, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002, los Estados Unidos se incorporaron a la Asociación Mundial sobre el Suministro de Energía en las Aldeas. Esta asociación público-privada que comenzó con poco más de 70 entidades abarca en la actualidad más de 300 Gobiernos, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil y el comercio. Está dedicada a formular estrategias nacionales y regionales en materia de energía que hagan concordar las necesidades de desarrollo con los recursos, y ha comenzado a rendir frutos. Por ejemplo, en el primer semestre de 2004, la USAID gastó más de US$7,2 millones en suministrar a más de medio millón de personas acceso a formas de energía limpias, eficientes y saludables en zonas no atendidas o subatendidas por los sistemas actuales de suministro de energía.

También necesitamos administrar mejor los recursos oceánicos para el desarrollo sostenible, y para ese fin el Gobierno de Bush introdujo el programa Agua Blanca a Agua Azul. Este proyecto ya ha movilizado más de US$3 millones con el objeto de crear o apoyar más de un centenar de asociaciones para la gestión de ecosistemas marinos y de cuencas hidrográficas en la región del Caribe en general.

Vivimos en un mundo en que nuestros propios intereses personales dependen de la promoción de los intereses de los demás. Los objetivos ambientales clave, por ejemplo, la biodiversidad, afectan a todos los pueblos de todas las naciones. Por eso hemos compartido nuestra experiencia y tecnología, y empleado nuestra riqueza para ayudar a los demás a crecer y desarrollarse. Al ayudar a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos.

Un mandato para la esperanza
Nuestro objetivo es erradicar la pobreza. El Presidente tiene una visión de cómo alcanzar ese objetivo: permitir la diseminación de sistemas políticos en que el acceso a las oportunidades sea justo, y en que la democracia y el estado de derecho permitan a los pueblos libres usar su talento innato para prosperar. Además, tenemos una estrategia que considera la economía, la política y la seguridad como tres partes de un todo, una estrategia en la que se conjugan métodos de crecimiento que funcionan con el desarrollo social y una administración ambiental responsable y consciente.

Tenemos un objetivo, una visión y una estrategia, pero también algo más de suma importancia: fe en la capacidad de los seres humanos para preocuparse por el prójimo. Después de todo, la mayoría de las personas no trabajan para enriquecerse; su trabajo es un acto de amor. Trabajan para mantener a sus cónyuges, hijos y nietos, a veces a sus padres, abuelos y demás familiares y amigos queridos. Cuando nos damos cuenta de esa verdad subyacente, entonces la dimensión moral importantísima del fin por el cual nos esforzamos ocupa un lugar sumamente visible, y eso nos proporciona nuestra mayor motivación y nuestra mayor esperanza.

Al comenzar el segundo mandato del Presidente Bush, los Estados Unidos ahora tienen una oportunidad sin precedentes de convertir sus esperanzas en logros perdurables. Durante muchos años, los estadounidenses les hemos dicho a los pueblos de todo el mundo que el Gobierno representativo y los sistemas de mercado son la mejor manera de liberar la energía que produce la prosperidad. Mediante nuestras palabras y acciones, hemos demostrado que el respeto por la dignidad humana da poder de decisión a las personas, y las motiva a soñar y a trabajar en pos de esos sueños.

En la actualidad, a doce años más o menos de la Guerra Fría, más personas que creen en estos principios pueden obrar según sus creencias. Más líderes nacionales aceptan estos principios. Más sociedades adoptan la libertad. Pero esta tarea no es sencilla; los resultados no se dan de la noche a la mañana. El camino hacia la reforma y el desarrollo está plagado de obstáculos. Los Estados Unidos tienen una obligación moral en particular de ayudar a superar esas dificultades, y lo hacen mediante las políticas de desarrollo más creativas desde la creación de la USAID y que serán, si el Congreso las financia por completo, las más generosas desde el Plan Marshall. Para el año 2006, la asistencia del Gobierno de los EE.UU. se habrá duplicado con respecto al año 2000, y su trayectoria se mantiene en ascenso. Al juntar la asistencia oficial para el desarrollo, las importaciones a los EE.UU. de los países más pobres y las donaciones filantrópicas voluntarias de particulares y fundaciones, sólo los Estados Unidos representan más del 65 por ciento de todas las actividades de desarrollo económico del Grupo de los Siete.

Sí, el desarrollo es una tarea de enormes proporciones, pero de crucial importancia. Lo que está en juego es determinar si se puede lograr que la globalización dé resultado para suficientes personas, de una manera suficiente, y produzca un mundo estable y próspero. Creemos que es posible y estamos empeñados en asegurar ese resultado para nosotros y para los demás.

[Fin]

  
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