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Iniciativas de los Estados Unidos para el control de estupefacientes en Colombia


Paul E. Simons, Secretario Adjunto Interino, Asuntos Internacionales relativos a Estupefacientes y la Aplicación de la Ley
Testimony Before the Senate Drug Caucus
Washington, DC
3 de junio de 2003

Buenos días, Sr. Presidente, Senador Biden, y miembros de la Comisión:

Les agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes para hablar sobre la situación actual del narcotráfico en Colombia y la respuesta del Departamento de Estado a la misma. Debido a la importancia de nuestras gestiones en Colombia, me complace particularmente reunirme con esta Comisión, una parte interesada clave en este proceso.

I. Perspectiva general

La situación en Colombia
Colombia tiene una gran importancia para los Estados Unidos. Es una democracia vibrante y un país extraordinariamente prometedor que enfrenta una amenaza insólita. Colombia tiene una extensión territorial cuatro veces mayor que la de California y una población de más de 40 millones de habitantes. Su producto interno bruto es superior a US$90.000 millones al año. Colombia cuenta con importantes reservas de petróleo, gas natural y carbón.

Lamentablemente, Colombia es también un centro de la industria de estupefacientes ilícitos. En los últimos años, ha representado más de 70 por ciento de los cultivos de coca a escala mundial. Un 90 por ciento de la cocaína que entra a los Estados Unidos se produce ya sea en Colombia o pasa por este país. Colombia es también una fuente importante de heroína para el mercado de los Estados Unidos.

El narcotráfico tiene un tremendo impacto sobre los Estados Unidos. En este último país ocurren 50.000 muertes relacionadas con los estupefacientes, de las cuales 19.000 se atribuyen directamente a éstos. Eso representa seis veces el número de víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre y ocurre todos los años. El narcotráfico tiene también consecuencias devastadoras en Colombia. No sólo reina en la sociedad la violencia relacionada con el narcotráfico, sino que su singular ecosistema y medio ambiente se ven cada vez más amenazados por la práctica de corte y quema del bosque tropical para el cultivo de coca y por el desecho indiscriminado de sustancias químicas tóxicas empleadas en la elaboración de estupefacientes.

El flagelo del terrorismo que asola a Colombia guarda una relación directa con el tráfico de estupefacientes ilícitos. Colombia alberga a tres de las cuatro organizaciones terroristas extranjeras designadas como tales por los Estados Unidos en este Hemisferio, y durante cuatro décadas ha sufrido un ciclo de violencia y conflictos. El terrorismo en Colombia apoya a la industria del narcotráfico y obtiene recursos de ella. Estas nefandas organizaciones narcoterroristas dependen también del secuestro y la extorsión para mantenerse, incluso de amenazas a ciudadanos de los Estados Unidos y a varios intereses económicos. Los grupos terroristas colombianos han secuestrado a 138 ciudadanos estadounidenses desde 1980, y asesinado a 11. Desde febrero, tres contratistas del Departamento de Defensa han sido tomados como rehenes por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y uno de sus colegas fue asesinado en el momento de la captura.

Durante 2002 se intensificó el conflicto interno del país, que ya lleva 40 años, entre las fuerzas del Gobierno, varios grupos guerrilleros de izquierda y un movimiento paramilitar de derecha. El conflicto armado interno y el narcotráfico, que no sólo lo exacerbó sino que prosperó con el mismo, fueron las causas centrales de las violaciones al derecho humanitario internacional. En un informe de 2001, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó que todas las facciones del conflicto violaron los principios del derecho humanitario. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  (FARC) y los paramilitares son los principales autores de estas violaciones de los derechos humanos. El Ejército de Colombia ha sido acusado de cometer muy pocas de las violaciones de los derechos humanos alegadas en 2002.

La violencia por parte de las tres organizaciones terroristas extranjeras―las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)― provocaron la muerte de miles de civiles en 2002, incluidas las víctimas en los combates, las matanzas políticas y las desapariciones forzosas.

El secuestro sigue siendo una fuente importante de ingresos tanto para las FARC como para el ELN. Las FARC continuaron secuestrando personas de acuerdo con su llamada Ley 002, anunciada en marzo de 2000, que exige que las personas que tengan más del equivalente a US$1 millón en activos entreguen pagos voluntarios a las FARC pues, de lo contrario, correrán peligro de detención. La Fundación País Libre, una ONG colombiana, informó que los guerrilleros cometieron 75 por ciento de los 2.986 secuestros denunciados durante el año en el cual se identificó a un autor. La Fundación informó que las FARC secuestraron a 936 personas y el ELN a 776. Además, las FARC a menudo compraban a las víctimas secuestradas por delincuentes comunes y luego negociaban los pagos del rescate con los familiares.

Asimismo, la ofensiva terrorista en curso contra las instituciones democráticas y la sociedad civil ha tenido consecuencias trágicas para Colombia. Cada año, las AUC, el ELN y las FARC matan a más de 3.000 personas. Entre sus víctimas se cuentan jueces y fiscales, periodistas, líderes sindicales y trabajadores de derechos humanos, soldados, agentes de policía y ciudadanos comunes. Ni los clérigos ni los trabajadores de la Cruz Roja escapan a la violencia.

La amenaza del narcoterrorismo se halla entre las mayores amenazas que enfrentan los Estados Unidos y Colombia, y el éxito contra el narcotráfico y el terrorismo en Colombia mejorará la seguridad en ambos países y en la región andina en su totalidad. Las constantes luchas intestinas sufridas por Colombia han dificultado su progreso económico, puesto a dura prueba a las instituciones militares y civiles y hecho estragos entre la población civil que debe vivir con la constante amenaza de la violencia terrorista. Eso ha provocado una avalancha de estupefacientes ilícitos a los Estados Unidos.

Lo que ocurre en Colombia le compete a los Estados Unidos. Queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo colombiano que, al igual que nosotros, conoce el flagelo del terrorismo en carne propia. Si bien en la actualidad la atención pública se ha concentrado más en Afganistán e Iraq, nuestra importante cooperación con Colombia es un frente más en la guerra contra el terrorismo y sigue siendo una prioridad del Gobierno. Con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos, el Gobierno ha asignado considerables recursos monetarios y personal a esta actividad.

El compromiso del Presidente Uribe
La reciente visita del Presidente de Colombia Álvaro Uribe y la renovada promesa del Presidente Bush de apoyarlo en sus esfuerzos contra los narcoterroristas destacan el alto valor que asignamos a nuestra relación y la importancia de esta lucha.

Desde que asumió su mandato, el Presidente Uribe ha demostrado una dedicación inquebrantable a combatir el narcoterrorismo. A pesar de 15 intentos de asesinato como mínimo, tanto antes como después de su elección, sigue implantando políticas para poder devolver el país a los colombianos.

Durante las reuniones celebradas en Washington del 30 de abril al 2 de mayo con muchos miembros del Poder Ejecutivo y de esta Comisión, el Presidente Uribe recalcó su compromiso de eliminar por completo los cultivos de coca de Colombia para fines de su mandato.

El Presidente Uribe apoya firmemente los programas de erradicación aérea y de desarrollo alternativo. Durante su mandato, los programas de erradicación han reducido el cultivo de coca en más de 15 por ciento y la producción de adormidera en un 25 por ciento con respecto a los niveles de 2001. El Presidente Uribe trabaja para afianzar la presencia del Estado colombiano y asegurar la supremacía del estado de derecho y el respeto por los derechos humanos en todo el territorio colombiano. También ha tomado las difíciles decisiones fiscales que le permitirán financiar estas políticas y reformas. Ha aumentado los gastos de seguridad del Estado para las actividades militares y policiales de 3,50 del PIB en 2001 a una meta de 5,80 del PIB para el final de su mandato.

La estrategia de seguridad nacional del Presidente Uribe incluye compromisos de respetar los derechos humanos, asignar más recursos a las Fuerzas Armadas de Colombia y reformar las leyes de servicio militar obligatorio para que dicho servicio sea universal y más imparcial. El Presidente tiene muchas ansias de asegurar la eficacia de la acción conjunta con el Gobierno de los Estados Unidos para lograr nuestros objetivos comunes de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y ha resultado ser un colaborador eficaz en la guerra contra el terrorismo. Desde que se levantó la prohibición contra la extradición de ciudadanos en diciembre de 1997, Colombia ha extraditado a más de 100 de sus ciudadanos acusados de narcotráfico de alto nivel, lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas, toma de rehenes y el asesinato de un policía jubilado de la Ciudad de Nueva York. No contamos con mejor colaborador en lo que respecta a extradición.

La política de los Estados Unidos con respecto a Colombia
Más allá de la lucha contra los narcoterroristas, los Estados Unidos tienen amplios e importantes intereses nacionales en Colombia que incluyen la estabilidad en la región andina, el comercio, la inmigración, los derechos humanos, la asistencia humanitaria y la protección del medio ambiente.

La política de los Estados Unidos con respecto a Colombia respalda las gestiones del Gobierno de Colombia para fortalecer sus instituciones democráticas, promover el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho, intensificar las actividades de lucha antinarcóticos, fomentar el desarrollo socioeconómico, abordar las necesidades humanitarias inmediatas y acabar con las amenazas a la democracia que representan el narcotráfico y el terrorismo. Nuestro apoyo fortalece los esfuerzos más amplios del Gobierno y de la sociedad de Colombia, pero no los sustituye.

Al implantar estos programas, el Gobierno y el Congreso llegaron a comprender con mayor claridad que los problemas del terrorismo y los narcóticos en Colombia están entrelazados y se deben enfrentar en conjunto. Al colaborar con el Congreso, el Gobierno procuró y el Congreso autorizó nuevas facultades en virtud de la Ley de Asignaciones Suplementarias de 2002 (L.P. 107-206) que ayudaría a abordar el problema de esta amenaza conjunta. Estas disposiciones se renovaron en la Ley de Asignaciones Generales para el Ejercicio de 2003 (L. P. 108-7).

Desde 2000, los Estados Unidos han suministrado a Colombia más de US$1.700 millones en ayuda económica, humanitaria y de seguridad para apoyar estas actividades y se han asignado otros US$600 millones para el ejercicio de 2003.

El objetivo de la lucha antinarcóticos de los Estados Unidos en Colombia es reducir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes. En esta actividad empleamos tanto programas de erradicación como de interdicción. Por medio de programas para erradicar el cultivo de hoja de coca y de adormidera e interceptar su movimiento y el de suministros de productos químicos precursores, dinero en efectivo o productos finales, esperamos reducir la cantidad de cocaína y heroína que entra a los Estados Unidos. También será importante mantener en vigor los programas de reducción de la demanda. 

Se puede ejercer más presión contra la industria de narcóticos ilícitos mediante un control más eficaz de los corredores de transporte a través de los Andes que se usan para importar sustancias químicas, suministros y dinero en efectivo a las zonas de cultivo, o para sacar los narcóticos ilícitos del país. Si las zonas productoras de narcóticos se aíslan de los mercados y los suministros necesarios, aumentarán los costos y los riesgos de desplazamiento de los narcóticos.

La interdicción marítima y aérea de cocaína y heroína constituye otro elemento importante para desmantelar el mercado de narcóticos. Con ayuda, tecnología, apoyo en materia de inteligencia y capacitación en la aplicación de la ley por parte de los Estados Unidos, el Gobierno de Colombia debería poder ejercer más presión sobre los sitios de almacenamiento de narcóticos y el desplazamiento de lanchas veloces, y aumentar los decomisos de cocaína y heroína.

Como consecuencia de la reforma en curso del sistema de justicia penal de Colombia, incluido el adiestramiento por parte de los Estados Unidos de unidades de misiones especializadas así como de fiscales y agentes de policía, y de los casos bilaterales en que se ha trabajado junto con las autoridades estadounidenses de aplicación de la ley, un aspecto importante de esta actividad es el número cada vez mayor de decomisos y arrestos conducentes a condenas y al desmantelamiento de las organizaciones narcoterroristas.

II. Presupuesto para el ejercicio de 2003

En 2003, el Congreso financió US$700 millones de los US$731 millones solicitados para la cuenta de la Iniciativa Andina Antinarcóticos. De esa cantidad, más de US$433 millones se destinarán a Colombia, de los cuales US$284 millones serán para apoyo de actividades de erradicación e interdicción y US$149,2 millones para desarrollo alternativo, apoyo del estado de derecho y fortalecimiento institucional. Entre los programas se cuentan los siguientes:

Los US$284 millones para erradicación e interdicción se destinarán al apoyo de las fuerzas militares colombianas (previa certificación del Secretario de Estado sobre el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la sección 564(3) de la Ley de Asignaciones para Operaciones en el Extranjero del Ejercicio de 2003 (L.P.108-7)), incluidas la Brigada Antinarcóticos (Brigada de Defensa Civil) y la Aviación del Ejército de Colombia. Estos fondos apoyarán también un renovado Programa de Denegación del Puente Aéreo (después de que se concluyan los trámites jurídicos necesarios y la coordinación interinstitucional), la interdicción costera y el continuo respaldo a la Policía Nacional de Colombia, que incluirá programas de apoyo a la aviación y de erradicación e interdicción.

Los fondos asignados al desarrollo alternativo y al fortalecimiento institucional (US$149,2 millones) se emplearán para programas que apoyen el estado de derecho, como las unidades de misiones especializadas respaldadas por el Departamento de Justicia en materia de derechos humanos, anticorrupción, lavado de dinero y confiscación de bienes y narcóticos, reforma del código penal, programas de protección judicial y de testigos, y adiestramiento de fiscales y policías; brigadas antiexplosivos; proyectos de reforma en pro de los derechos humanos, reducción de la demanda de drogas y concientización sobre sus efectos perjudiciales; y el programa de "carabineros" del Gobierno de Colombia, en virtud del cual se establecerán comisarías permanentes y se iniciarán operaciones de vigilancia por patrullas rurales en regiones sin presencia gubernamental, que se hallan prácticamente bajo control de organizaciones narcotraficantes y de insurgentes. Se destinarán fondos también para el programa de "Apoyo a la Democracia" y proyectos de desarrollo alternativo de la USAID, y los programas de dicha agencia y de la Dirección de Población, Refugiados y Migración con el fin de apoyar a los grupos vulnerables y a los desplazados internos.

Además, el Congreso asignó US$34 millones a la Iniciativa Andina Antinarcóticos (IAA) en la Ley de Asignaciones Suplementarias de Emergencia en Tiempo de Guerra del Ejercicio de 2003 (L.P. 108-11) para Colombia, y el Gobierno destinará otros US$37 millones de las Asignaciones Suplementarias al financiamiento de militares extranjeros. Estos fondos se destinarán a seguridad presidencial; apoyo a las brigadas antiexplosivos; aumento de la presencia policial en regiones remotas; apoyo a los desplazados internos; y programas de erradicación aérea.

En el ejercicio de 2003, se destinarán US$93 millones del financiamiento ordinario para militares extranjeros a apoyar el programa de seguridad de la infraestructura para la región del oleoducto Caño-Limón, y a poner fin a los atentados terroristas a esta importante fuente de ingresos para Colombia. Mejorarán el profesionalismo, la competencia técnica y el desempeño de las Fuerzas Armadas de Colombia en lo concerniente a los derechos humanos mediante varios cursos de adiestramiento y educación militar.

III. Rendimientos de la inversión

Nuestros años de esfuerzo y el dinero que invertimos en Colombia han comenzado a dar fruto. Este año, hemos repuntado en lo que respecta a la eliminación del cultivo de coca y adormidera. En todo Colombia, el número de hectáreas sembradas de cultivos de coca se redujo más de 15 por ciento a 144.000 hectáreas en 2002 y disminuyó aún más en el primer trimestre de 2003. El cultivo de coca en la región clave del sur (Putumayo/Caquetá) disminuyó más de 50 por ciento (de 82.300 a 40.550 hectáreas) en 2002. En los cinco primeros meses de 2003, fumigamos cerca de 64.000 hectáreas de coca, con lo cual estamos muy bien encaminados hacia el logro de nuestro objetivo de fumigar todos los cultivos de coca restantes este año. El cultivo de adormidera se redujo de la misma forma, con una disminución de 25 por ciento en 2002. El Centro contra la Delincuencia y los Narcóticos (CNC) de los Estados Unidos estima que en la actualidad quedan 4.900 hectáreas de adormidera por año (2.450 hectáreas multiplicadas por dos para tener en cuenta dos cultivos distintos). Nuestro objetivo es fumigar los cultivos de adormidera tres veces durante el año civil de 2003. Hasta mayo, hemos fumigado unas 1.650 hectáreas de adormidera, con lo cual estamos muy cerca de lograr nuestra meta de fumigar todos los cultivos restantes de adormidera en 2003.

Al mismo tiempo, hemos redoblado nuestro compromiso de implantar un programa de erradicación aérea sin riesgo ecológico. En septiembre de 2002, el Departamento cambió a una formulación de glifosato menos nociva, con menor riesgo de irritación ocular en comparación con la mezcla anterior. Hemos evaluado la toxicidad de la mezcla de fumigación, ampliado la capacitación de nuestros pilotos en materia ambiental, realizado análisis toxicológicos o investigaciones médicas por cada inquietud sobre la salud planteada a la Embajada, adiestrado a especialistas colombianos que actualmente realizan análisis del suelo y del agua, y trabajado en coordinación con la OEA en su seguimiento a largo plazo del programa de fumigación.

Más allá de los logros alcanzados en la erradicación, los programas de los Estados Unidos han contribuido a fortalecer las instituciones democráticas, proteger los derechos humanos, asistir a los desplazados internos y fomentar el desarrollo socioeconómico. En particular, hemos cumplido nuestro objetivo en los campos siguientes:

  • Despliegue de la primera Brigada Antinarcóticos de Colombia que ha montado una enérgica campaña contra los laboratorios de drogas y demás establecimientos ilícitos y ampliado sus esfuerzos de interdicción más allá del sur de Colombia.
  • Apoyo a la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía Nacional que destruyó 61 laboratorios de HC1 y 401 laboratorios de base de coca en 2002 y decomisó miles de kilos de cocaína.
  • Apoyo a la presencia policial en las zonas rurales, lo que ha aumentado de manera considerable al agregar unidades policiales permanentes a 79 municipios que antes no contaban con presencia policial.
  • Beneficio de más de 22.000 familias con el programa de desarrollo alternativo.
  • Apoyo a 24.549 hectáreas de cultivos lícitos. 
  • Erradicación manual de 16.673 hectáreas de cultivos ilícitos por las comunidades en proceso de desarrollo alternativo. 
  • Creación de 31 Casas de Justicia y Centros de Coexistencia, que prestan servicios económicos de representación jurídica a los colombianos que antes no gozaban de acceso al sistema judicial del país; los centros han manejado más de 1,6 millones de casos.
  • Protección brindada por los programas de la USAID a 2.731 activistas de derechos humanos, periodistas y dirigentes sindicales.
  • Ayuda proporcionada por la USAID a 774.601 colombianos desplazados por la violencia. 
  • Financiamiento de la USAID para un programa de rehabilitación de niños ex combatientes, incluidos los capturados por el ejército o los desertores de los grupos armados ilícitos. Unos 733 niños han recibido tratamiento, educación y albergue.
  • Ayuda del Sistema de Advertencia Temprana a Colombia para evitar masacres y violaciones del derecho humanitario internacional. Hasta la fecha, se han descubierto más de 194 amenazas a comunidades de todo Colombia, lo que ha producido 154 respuestas por parte de las fuerzas militares, policiales y los organismos de socorro. 
  • Apoyo de la Dirección de Población, Refugiados y Migración a las organizaciones internacionales y no gubernamentales que trabajan en Colombia y suministran alimentos, albergue provisional, atención primaria de salud y saneamiento básico, educación y demás ayuda humanitaria de emergencia a los desplazados. La Dirección también apoya la divulgación de información sobre el derecho humanitario internacional a las autoridades militares, policiales y civiles locales, así como a los grupos armados ilícitos de Colombia.
  • Ayuda de los programas de reforma del sector de justicia patrocinados por el Departamento de Justicia al Gobierno de Colombia para reformar su sistema judicial y fortalecer la capacidad del gobierno local; implantar un programa integral para investigar y procesar los delitos de secuestro y extorsión; adiestrar a un cuadro de fiscales profesionales; ampliar la capacidad de aplicación de las leyes marítimas y mejorar los programas de protección judicial y de testigos. 
  • Apoyo del Departamento de Justicia a la Fiscalía General de la Nación para establecer unidades satélite dedicadas a los derechos humanos difundidas por todo el país para facilitar la investigación y el enjuiciamiento de los abusos a los derechos humanos.

Además, nuestra atención a los derechos humanos ha tenido efecto sobre las instituciones colombianas. El Presidente Uribe trabaja para poner fin a la connivencia entre los militares colombianos y la organización terrorista Autodefensas Unidas de Colombia. El año pasado, murieron 168 paramilitares, se capturó a 764 y se entregaron 20. En los últimos dos meses, el Gobierno de Colombia ha aumentado su ofensiva contra los grupos paramilitares ilícitos. En cuatro operaciones importantes, las fuerzas de seguridad colombianas detuvieron a un oficial del Ejército que actuaba como colaborador paramilitar, arrestaron a uno de los principales líderes paramilitares y apresaron a numerosos grupos de combatientes ilegales.

El Departamento toma muy en serio los antecedentes de los militares colombianos en lo que respecta a los derechos humanos. Por ejemplo, el 3 de enero, suspendimos la asistencia a una unidad de la Fuerza Aérea Colombiana (CACOM-1) debido a la falta de interés y al poco adelanto con respecto a un importante caso de derechos humanos. La suspensión se mantendrá en vigor hasta que el Gobierno de Colombia proporcione una explicación convincente de lo que ocurrió en Santo Domingo y tome medidas apropiadas congruentes con los hechos.

El Departamento de Estado vigila con atención los antecedentes de derechos humanos de las Fuerzas Armadas de Colombia. Con arreglo a la Enmienda Leahy, habitualmente sometemos a investigación a las unidades de las fuerzas de seguridad y nos abstenemos de proporcionar ayuda a las unidades sobre las cuales existen pruebas fidedignas (según lo determine el Secretario) de que han cometido graves violaciones de los derechos humanos.

Además, el Departamento seguirá adelante con la rápida reanudación del Programa de Denegación del Puente Aéreo. Los Estados Unidos y Colombia han firmado un acuerdo bilateral que estipula los procedimientos de seguridad del programa. Nuestro objetivo es asegurar la implantación de procedimientos adecuados para la protección de vidas inocentes y, al mismo tiempo, proporcionar una fuerza disuasoria digna de crédito contra el narcotráfico aéreo.

Hace poco, un equipo de certificación visitó a Colombia para determinar si los colombianos podrían cumplir sus responsabilidades de operación del Programa de Denegación del Puente Aéreo de conformidad con los procedimientos de seguridad acordados entre Colombia y los Estados Unidos. Si, según las recomendaciones del equipo, los procedimientos de Colombia satisfacen los requisitos del acuerdo bilateral, lo que sería un paso importante hacia el inicio del programa, los funcionarios del Departamento estarán en Capitol Hill esta semana para procurar asesoramiento del Congreso. Si el presidente firma una determinación, podrá recomenzar el Programa de Denegación del Puente Aéreo. Esperamos que esto ocurra en un futuro próximo.

Querría observar que hemos logrado todo esto al mismo tiempo que nos ajustamos a los límites establecidos por el Congreso en cuanto al personal de los Estados Unidos destacado a Colombia con fines de apoyo al Plan Colombia: 400 contratistas civiles estadounidenses y 400 efectivos del personal militar de los Estados Unidos.

Si se sostienen los programas actuales, debería lograrse el objetivo original del Plan Colombia de reducir el cultivo de coca en Colombia en un 50 por ciento para fines de 2006. El Presidente Uribe ha hecho un llamamiento para lograr una meta más ambiciosa: la erradicación de todos los cultivos de coca para fines de su mandato en 2006.

Si se logran estos objetivos de erradicación e interdicción, esperaríamos ver una importante reducción de la cantidad de cocaína disponible para los Estados Unidos, con los correspondientes efectos sobre el precio y la pureza de la cocaína en el mercado estadounidense. Es posible que las reducciones en la disponibilidad de la heroína colombiana no produzcan efectos comparables debido a la disponibilidad de existencias de heroína procedentes de otras partes del mundo.

IV. Desafíos para nuestros programas 

Además de nuestros aciertos, también enfrentamos muchos desafíos en Colombia.

Entre éstos, lo principal es la seguridad de nuestro personal. Las organizaciones terroristas que operan en Colombia son asesinos despiadados, y las operaciones de fumigación aérea, especialmente de cultivos de adormidera, son peligrosas. Este fin de semana, otro avión de fumigación fue destruido al chocar contra un árbol mientras rociaba cultivos de coca; afortunadamente, el piloto sobrevivió. Hace poco, perdimos a un piloto estadounidense especializado en operaciones de fumigación durante una aplicación de herbicida a poca altura a cultivos de adormidera.  No se comprobó que el avión fuera derribado por fuego antiaéreo; en cambio, parece que la causa del accidente fue un error del piloto, en el escabroso terreno de los altos Andes.

Con esta última tragedia asciende a tres el número de pilotos civiles estadounidenses contratistas del Departamento de Estado que han muerto en Colombia desde 1998. Dos murieron el 27 de julio de 1998, en un accidente de aviación cuando su avión T-65 se estrelló durante un vuelo de adiestramiento.

Colombia es una misión de alto riesgo y el personal militar y los contratistas civiles de los Estados Unidos, así como el personal permanente y provisional del Gobierno de los Estados Unidos asignados a Colombia, están muy conscientes de ello. Nuestro personal y las instalaciones oficiales mantienen un alto estado de alerta, toman todas las precauciones posibles y son muy previsivos en los asuntos relacionados con la seguridad. El Departamento se afana continuamente por mejorar el historial ya sólido en materia de seguridad de nuestro programa de fumigación.

En la actualidad, estamos instituyendo más procedimientos de seguridad, incluso un mejor intercambio de inteligencia, más escoltas de helicópteros armados y operaciones conjuntas que emplean tropas terrestres de la Brigada Antinarcóticos en las operaciones de interdicción en zonas donde se prevé fuego hostil.

V. El camino por recorrer

Para lograr plenamente los objetivos de la política de los Estados Unidos se requerirá una estrategia y una acción coordinadas de los colombianos ―con el respaldo de la ayuda sostenida de los Estados Unidos― para establecer el control sobre su territorio nacional, eliminar el cultivo de plantas utilizables en la producción de drogas y la distribución de estas últimas, poner fin al terrorismo, y promover los derechos humanos y el estado de derecho. Instamos a los miembros a apoyar el financiamiento íntegro de nuestra solicitud presupuestaria de US$731 millones para el ejercicio de 2004, de los cuales US$463 millones se destinarán a Colombia.

Este presupuesto refleja nuestro continuo apoyo a la valiente agenda antinarcóticos y antiterrorista del Gobierno de Uribe. El progreso descrito anteriormente debe cimentarse para que logremos nuestros objetivos a largo plazo de mejorar todos los aspectos de la vida colombiana y reducir el cultivo de narcóticos ilícitos y el terrorismo.

Primero, destacaríamos que la Iniciativa Andina Antinarcóticos (IAA) es un esfuerzo regional. Necesitará el pleno apoyo del Congreso para tener éxito. Entre los objetivos que nos hemos fijado está el de asegurar que los logros en Colombia no invaliden lo que hemos alcanzado en Bolivia o el Perú. También nos proponemos evitar que el narcotráfico se extienda a Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela.

Hemos logrado importantes adelantos en nuestras actividades de erradicación, pero necesitaremos un apoyo continuo a la erradicación y al desarrollo alternativo con el fin de eliminar los cultivos restantes y la replantación, y de evitar en forma permanente que los cultivadores de coca continúen estas operaciones ilícitas. Nuestra solicitud presupuestaria equilibra la aplicación de la ley con el desarrollo sostenible a largo plazo.

En Bolivia, necesitamos proporcionar al Gobierno de Bolivia incentivos de peso para afianzar los programas antinarcóticos, especialmente en vista de la creciente presión política para poner fin a la erradicación y aumentar los cultivos ilícitos de coca. En el Perú, el gobierno democrático pasa por un período de agitación y resistencia sin precedentes en las regiones medulares de cultivo de coca.  No debemos dar la espalda a estos colaboradores cuando más necesitan nuestro apoyo político y financiero para cimentar los logros anteriores en materia de erradicación.

En particular, nuestros programas de la Iniciativa Andina Antinarcóticos de 2004 están destinados a cumplir los siguientes objetivos:

  • Combatir el narcotráfico ilícito y el terrorismo, defender los derechos humanos, promover las iniciativas económicas, sociales y de desarrollo alternativo, reformar y fortalecer la administración de justicia y asistir a los desplazados internos. 
  • Mejorar la capacidad para combatir el terrorismo mediante el suministro de orientación, ayuda, capacitación y equipo, y apoyo de inteligencia a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Colombia mediante programas en curso, así como el uso de las nuevas facultades y el programa de protección de oleoductos. 
  • Promover el crecimiento y desarrollo económicos mediante el apoyo a las políticas basadas en el mercado, incluida la negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y la implantación de la Ley de Preferencia Comercial Andina (LPCA) tal como ha sido modificada por la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga en los Andes (ATPDEA).
  • Reducir la producción y el tráfico de cocaína y heroína desde Colombia mediante el fortalecimiento de los programas antinarcóticos de erradicación; asesorar, capacitar y asistir a las organizaciones y unidades antinarcóticos; desmantelar las organizaciones narcotraficantes; desorganizar el transporte de narcóticos ilícitos, productos químicos precursores y esenciales, suministros de los traficantes y dinero en efectivo; abordar las principales regiones de cultivo; y responder con rapidez a los cambios en las regiones de cultivo; eliminar todos los cultivos restantes de coca y adormidera, incluso la replantación de estos cultivos. 
  • Ampliar el desarrollo institucional, la profesionalización y el crecimiento de las fuerzas de seguridad colombianas para permitir el ejercicio de la autoridad gubernamental en todo el territorio nacional y, al mismo tiempo, asegurar el respeto a los derechos humanos.
  • Reformar y fortalecer el sistema de justicia penal mediante ampliación de la capacidad de los investigadores policiales y fiscales mientras el país pasa por un período de transición que va de un sistema inquisitorial a uno más acusatorio, con juicios orales y abiertos para aumentar la eficacia y cimentar la confianza pública.

Junto con el financiamiento de la Iniciativa Andina Antinarcóticos, la ayuda a Colombia incluirá US$110 millones en financiamiento de militares extranjeros, que comprende apoyo a la interdicción marítima, prioridad del Presidente Uribe que concuerda con los objetivos antinarcóticos de los Estados Unidos.

VI. Conclusión

Por último, deseo expresarles mis agradecimientos una vez más por esta oportunidad de ponerlos al corriente sobre el estado de nuestras políticas y programas antinarcóticos. El Gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido a apoyar al Gobierno de Uribe y a trabajar junto con otros de nuestros colaboradores de la Región Andina y de más allá de sus fronteras para contener el flujo de narcóticos ilícitos en nuestro país y poner freno a la influencia de las organizaciones terroristas dondequiera que residan.

Estas son misiones importantes y costosas, tanto en cuanto a recursos financieros como humanos. Pero son misiones encomiables que requieren el continuo apoyo de los miembros del Congreso que cooperan con nosotros. Les agradecemos el enorme apoyo y asesoramiento que nos han brindado en el pasado y nos complace saber que mantendremos continuas relaciones de cooperación.

[Fin]

  
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