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Observaciones sobre el futuro de la política de los Estados Unidos en Colombia para el Diálogo Interamericano


R. Nicholas Burns, Subsecretario para Asuntos Políticos

Washington, DC
3 de agosto de 2005

Me gustaría agradecer al Diálogo Interamericano por invitarme a este debate sobre "Colombia bajo el gobierno de Uribe: hacer un balance y mirar hacia adelante". Es un honor para mí estar en una conferencia con tan distinguida concurrencia.

Esta es la primera vez que me dirijo al Diálogo Interamericano en calidad de Subsecretario para Asuntos Políticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Agradezco su interés por la región y quisiera conocer sus puntos de vista. Espero tener otras oportunidades para establecer una colaboración constante acerca de los asuntos que tanta importancia tienen en el Hemisferio Occidental.

Si las visitas oficiales son una indicación de la fortaleza de una relación bilateral, entonces ustedes deben saber que los Estados Unidos tienen un asociado muy cercano en Colombia: el Presidente Bush estuvo allí en noviembre de 2004, la Secretaria Rice viajó a Bogotá en abril de este año, yo regresé apenas la semana pasada de mi viaje a Colombia y el Presidente Uribe viajará mañana a Crawford, Texas, para reunirse con el Presidente Bush en su hacienda.

No tenemos un socio mejor en América Latina. Nuestra asociación con Colombia nos ayuda al progreso de los intereses de los Estados Unidos y a defender nuestros valores comunes. El Presidente Uribe es uno de nuestros aliados más fuertes, y el apoyo de los Estados Unidos, en particular el gran apoyo bipartidista del Congreso, ha formado parte integral del éxito que compartimos con Colombia. Ha permitido al gobierno de Uribe continuar avanzando mucho en su lucha contra los narcotraficantes y los terroristas, con miras a fortalecer la democracia en Colombia y a mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos colombianos.

Seguridad democrática

El Presidente Álvaro Uribe pertenece a una nueva generación de líderes entre los que se encuentran Lagos de Chile, Vázquez del Uruguay y Lula del Brasil. El Presidente Uribe ha transformado a Colombia en su dinámico empeño por convertir en realidad su visión de una Colombia fuertemente democrática, liberada de la violencia, las drogas y la corrupción. En una nación que por más de cuatro décadas ha sufrido la violencia, el gobierno de Uribe ha alcanzado progresos impresionantes en todos los frentes. En estos tres años, desde que Uribe asumió su cargo, las fuerzas de seguridad de Colombia han realizado una intensa campaña nacional contra los grupos armados ilegales, y han restablecido la presencia del gobierno en todos los municipios del país, por primera vez en la historia moderna de Colombia. La tasa de delitos violentos se encuentra en su nivel más bajo en más de 16 años. Se ha registrado una disminución notable del número de asesinatos, secuestros y otros delitos violentos, así como del cultivo de coca y amapola. El resultado es un país donde los ciudadanos pueden viajar ahora por las carreteras sin el temor constante de ser secuestrados o asesinados.

La economía y el Tratado de Libre Comercio

El aumento de la seguridad ha generado oportunidades económicas. A su vez, las oportunidades económicas facultan al Gobierno y a la sociedad de Colombia para ampliar las zonas regidas por el estado de derecho. La Estrategia de Seguridad Democrática del Presidente Uribe también dio resultados en el entorno económico el año pasado:

  • la economía colombiana continuó su recuperación en 2004. El crecimiento del PIB fue de aproximadamente 4%;
  • las metas del FMI relativas al déficit presupuestario, la inflación y las reservas se alcanzaron o superaron;
  • las exportaciones y las importaciones aumentaron más de 15%;
  • la inversión extranjera directa aumentó más de 70%;
  • aunque se mantiene en niveles de dos dígitos, el desempleo sigue bajando.

Estas cifras son impresionantes, particularmente si consideramos que se trata de una nación asolada por cuatro décadas de violencia.

Esta sólida trayectoria económica fue una razón de peso para que los Estados Unidos decidieran iniciar conversaciones sobre libre comercio con Colombia, además de Perú y Ecuador. Estas negociaciones se encuentran en una etapa avanzada. Las negociaciones en materia de agricultura entre los Estados Unidos y Colombia se reanudarán aquí la próxima semana. La agricultura sigue siendo una diferencia clave en las negociaciones actuales. Una vez concluido, este tratado de libre comercio ayudará a consolidar los logros de los últimos años y conducirá a Colombia por una senda de crecimiento y desarrollo a largo plazo. Confiamos en que este tratado generará dividendos para Colombia que superarán con creces las ventajas de que disfruta actualmente de conformidad con la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga en los Andes (ATPDEA). Al mismo tiempo este convenio abrirá nuevas oportunidades para los exportadores e inversionistas de los Estados Unidos.

Actividades contra las drogas

Volviendo a las actividades contra las drogas, observamos varios indicadores de que la estrategia ha tenido éxito. La erradicación de los cultivos empleados en la producción de drogas, la prohibición de las drogas y las detenciones relacionadas con estas actividades se encuentran a niveles sin precedentes. Nuestro trabajo con el Gobierno de Colombia ha reducido el cultivo de la coca en 33% desde 2001 y el cultivo de la amapola en 65%.

Sin embargo, Colombia todavía debe enfrentar una amplia gama de desafíos. A pesar de los marcados progresos contra el comercio de drogas, Colombia sigue siendo un importante país productor y de trasbordo de drogas. Más de 90% de la cocaína y 50% de la heroína que entra a los Estados Unidos proviene de Colombia. También es uno de los principales usuarios de las substancias químicas precursoras y el centro de una actividad considerable de lavado de dinero.

Los problemas habituales relacionados con el narcotráfico se agravan en Colombia por la presencia de varios grupos armados que están en guerra con el Gobierno y entre ellos mismos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia (AUC), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) participan en el narcoterrorismo. Estos grupos funcionan en zonas donde se concentran los cultivos de coca y amapola. Su participación en la producción y el tráfico de drogas es una causa importante de violencia y terrorismo en Colombia y una fuente de financiamiento para los grupos armados.

Desmovilización y la Ley de Justicia y Paz

El terrorismo en Colombia aporta y obtiene recursos de la industria de narcóticos, el secuestro y la extorsión. El proceso de paz del Gobierno de Colombia con los grupos armados ilegales es decisivo para lograr un éxito sostenido. Con un ambicioso esfuerzo de desmovilización ya se ha logrado que, desde 2003, más de 8.000 paramilitares hayan abandonado la lucha, y para este año se planifican muchas otras desmovilizaciones.

El 22 de julio, el Presidente Uribe firmó con carácter de ley un marco legal que rige la desmovilización de grupos armados ilegales. La legislación es el resultado de más de dos años de debate democrático y transparente. La Ley de Justicia y Paz de Colombia crea un mecanismo que, si se pone en práctica de manera vigorosa, ayudará a desmantelar las estructuras delictivas de los grupos armados ilegales ahora desmovilizados y permitirá alcanzar la paz con justicia y lograr extradiciones continuas.

Algunos han aducido que la legislación no es lo suficientemente estricta con los miembros de las fuerzas paramilitares. Sin embargo, en última instancia, el equilibrio entre paz y justicia es una decisión que deberán tomar los colombianos mismos. La tarea que le espera al Gobierno de Colombia —con algo de ayuda de sus amigos— es hacer que funcione la ley. Creo que a los Estados Unidos les interesa unirse a nuestros asociados colombianos en ese empeño. Pero, el Gobierno de Colombia debe aplicar esa ley activamente y con intensidad de propósito para que lo peor de los paramilitares permanezca tras las rejas.

Derechos humanos

La situación de los derechos humanos sigue siendo un elemento importante de nuestra política hacia Colombia. El lunes, la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, determinó y certificó ante el Congreso que el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia satisfacen los criterios reglamentarios en lo concerniente a los derechos humanos y están eliminando sus vínculos con los grupos paramilitares.

Le informé a la Secretaria acerca de mi viaje y mis reuniones con el Presidente Uribe, con altos funcionarios de su gabinete, entre otros, el nuevo Ministro de Defensa Nacional y el Fiscal General, así como con las ONG que se ocupan de los derechos humanos. Le dije que había recibido las seguridades personales de los líderes colombianos acerca de los derechos humanos y su compromiso de acelerar el juicio de los casos más críticos de abusos de los derechos humanos. Sobre la base de estos compromisos y de mi evaluación de los integrantes del nuevo gabinete, surgió una recomendación unánime a efectos de que la Secretaria emita la certificación.

Reconocemos que todavía queda mucho por hacer para mejorar el desempeño de las Fuerzas Armadas en cuestiones de recursos humanos. La decisión no fue fácil.

El reciente anuncio del 13 de julio referente a las acusaciones en el caso del Arauca es alentador, como lo es también la presentación de acusaciones por el Inspector General contra dos generales y dos coroneles por incidentes ocurridos en San José de Apartadó entre 2000 y 2002. Por otra parte, las autoridades colombianas cambiaron el lugar donde se juzgará el caso de Mapiripán (por insistencia nuestra); se ha pedido a la Fiscalía una condena de 40 años para el General retirado Uscátegui, y se espera el veredicto definitivo.

Colombia ha avanzado mucho desde 1997, cuando se aprobó la enmienda Leahy. En ese entonces, cuando evaluamos con cuidado las unidades militares de Colombia determinamos que ninguna de ellas podía optar a la ayuda para la seguridad. Ahora, más de 100 unidades colombianas funcionan sin que haya habido ninguna acusación fidedigna de graves violaciones a los derechos humanos y, por ende, reúnen los requisitos para recibir la ayuda para la seguridad que ofrecen los Estados Unidos. Tomamos una decisión de política de no dar ayuda a la 17.a brigada hasta que no se aclaren las numerosas acusaciones de violación de los derechos humanos que se han presentado contra ella. En cualquier momento en que nos enteremos de acusaciones contra unidades colombianas, se investigarán de inmediato esas acusaciones. Creemos que el papel constante de los Estados Unidos en la cuidadosa evaluación de las unidades militares colombianas es un factor favorable para mejorar el desempeño de los militares colombianos en cuestiones de derechos humanos. Una vez más, en esta esfera Colombia debe ocuparse de los casos de abuso de los derechos humanos con mayor energía y rapidez.

Futuro del apoyo de los Estados Unidos

Mis reuniones con los líderes colombianos se centraron no solamente en las relaciones que mantienen nuestros países en la actualidad, sino también en el futuro de nuestra relación. Lo mismo ocurrirá cuando el Presidente Uribe se reúna con nuestro Presidente, mañana en Crawford.

La Secretaria de Estado, Rice, en una intervención en Bogotá el 27 de abril de 2005, lo dijo con toda claridad, "No se interrumpe a medio camino algo que ha resultado muy eficaz". La futura ayuda de los Estados Unidos se fundamentará en los logros que los colombianos han alcanzado hasta ahora con nuestro apoyo. Somos partidarios de un seguimiento al Plan Colombia.

El Gobierno de Colombia reconoce además la importancia del progreso continuo de las actividades antinarcóticos y antiterrorismo, la intensificación de sus iniciativas para abordar las causas más profundas de los problemas del país y, a la vez, la reducción de su dependencia de la ayuda externa. El Gobierno de Colombia también se esfuerza por aumentar la cooperación regional tanto con sus vecinos de América Latina como con otros gobiernos interesados de Europa y Asia. Estas iniciativas del Gobierno de Colombia contribuirán a lograr una base fuerte y continua de entendimiento y apoyo en el seno del Congreso de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, nuestros dos países seguirán atentos para encontrar otras esferas de cooperación fuera de Colombia, tanto en la región como a nivel internacional. Por ejemplo, la elección del Embajador Luis Alberto Moreno como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo nos permitirá trabajar muy de cerca con el fin de mejorar la eficacia del Banco para enfrentar los desafíos de la región.

A riesgo de haber parecido demasiado optimista, les pido considerar dos preguntas: 1) ¿Cuáles son las opciones realistas? y 2) ¿Qué país de América Latina ha mostrado un progreso más sólido? Álvaro Uribe ha transformado a Colombia. Las discusiones y las diferencias en cuanto a políticas que surgen ahora son el resultado del éxito y de nuestro deseo de apoyarnos en ese éxito. El fenómeno más importante que encontré en Bogotá es esa nueva sensación de optimismo de los colombianos mientras debaten su futuro y siguen adelante.

Una vez más, gracias por su atención. Mis felicitaciones al Diálogo Interamericano por auspiciar este importante debate. Será un placer para mí responder a sus preguntas y oír sus comentarios

[Fin]


Dado a conocer el 11 de agosto de 2005
  
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