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Departamento de Estado de los Estados Unidos
   

Hacer realidad los beneficios de la democracia: Documento de trabajo presentado por la Misión Permanente de los Estados Unidos, en la sesión de la Comisión celebrada el 9 de marzo de 2005.


Organización de Estados Americanos
Washington, DC
9 de marzo de 2005

El desafío de hacer realidad los beneficios
Nuestros ciudadanos acogen la democracia como la mejor forma de gobierno y tienen expectativas razonables de que hará realidad una mejor calidad de vida. Cuando no logra hacer realidad estos beneficios, la gente pierde la fe en la democracia como ideal político y se socavan los gobiernos democráticos. En muchos países de la región, las condiciones socioeconómicas retrasan la consolidación de las instituciones democráticas. Las elecciones libres son apenas el comienzo de la consolidación de la democracia. Los dirigentes de hoy, elegidos en forma democrática, deben hacer que la democracia dé buenos resultados, al proporcionar a su pueblo los instrumentos y ofrecerle la oportunidad de mejorar su vida y contribuir al bien común. Los dirigentes electos deben gobernar en forma democrática y respetar los elementos esenciales de la democracia, tal como figuran en la Carta Democrática Interamericana.

Cómo mejor el sistema para hacer realidad los beneficios
La legitimidad de las instituciones democráticas deriva de una promesa implícita de ayudar a todos a lograr su pleno potencial en la sociedad. Para cumplir esta promesa es preciso que cada elemento de la sociedad haga su parte. Los ciudadanos deben votar y participar en el proceso político; por ejemplo, por medio de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil. Deben respetar los derechos de los demás y vivir su vida en un marco de respeto a la ley. Deben estar dispuestos a realizar los esfuerzos necesarios para mejorar sus aptitudes de trabajo y las de sus hijos, apoyando los servicios que proporciona el estado, como la educación, y aprovechándolos. Deben asociarse con sus empleadores para el beneficio económico mutuo. Y deben tener presente que la democracia prospera cuando los intereses individuales se suman a una amplia lealtad para proteger los derechos de todos y tener en cuenta el bienestar de las generaciones futuras.

Asimismo, como fuerza motriz del crecimiento y fundamento de la prosperidad de nuestras economías, el sector privado tiene la responsabilidad de seguir las prácticas de buena ciudadanía empresarial, ciñéndose a las leyes nacionales, respetando los derechos de los trabajadores, protegiendo el medio ambiente, brindando capacitación a los empleados y delatando la corrupción.

En la Cumbre Extraordinaria de las Américas, que tuvo lugar en Monterrey en 2004, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron que "cada país es el principal responsable de su propio desarrollo social y económico a través de políticas racionales, buen gobierno y estado de derecho". Esta responsabilidad de los gobiernos requiere un compromiso sostenido para luchar contra la corrupción, invertir en su pueblo mediante el suministro de atención de la salud y educación de calidad, y establecer un entorno empresarial y de inversión que atraiga el capital privado. Dichas políticas proporcionan un marco que permite a los ciudadanos participar plenamente en el proceso político y reclamar su parte justa de oportunidad económica. Junto con los esfuerzos para establecer un terreno equitativo para los negocios y fomentar la empresa privada, son esenciales las políticas gubernamentales que potencian a las personas para realzar la capacidad nacional de competir en la economía globalizada actual.

Gran parte de la debilidad de los sistemas de distribución de los beneficios de nuestras democracias puede atribuirse a instituciones políticas que no extienden debidamente el poder político, aseguran la rendición de cuentas y la transparencia en el funcionamiento del gobierno, garantizan los derechos básicos, fomentan la libertad de expresión y de los medios de difusión, proporcionan seguridad contra la creciente delincuencia, y solucionan las diferencias. Para abordar estas deficiencias, las instituciones básicas públicas requieren reformas dirigidas a la descentralización del poder, sistemas judiciales que sean fiables y funcionales, mayor participación, funcionarios públicos bien capacitados, reglamentación adecuada y aplicación de la ley en forma honrada y eficaz. Solamente mediante la adopción de estas medidas específicas nuestros gobiernos podrán cumplir la promesa de la democracia y hacer realidad sus beneficios para todos los ciudadanos.

Función del sistema interamericano
Las instituciones multilaterales también deberían desempeñar una función en el perfeccionamiento de la democracia. Los gobiernos han aprobado un programa básico –y la OEA lo está aplicando activamente– que consta de importantes iniciativas que pueden mejorar considerablemente la realización de los beneficios de la democracia al ampliar el alcance de ésta, al fortalecer las instituciones democráticas y estimular la transparencia y una sólida gestión.

• La Carta Democrática Interamericana sienta los principios básicos para preservar y consolidar la democracia en el hemisferio. Constituye un compromiso firme de la Organización de los Estados Americanos de ayudar a todos los ciudadanos de las Américas a reclamar sus libertades democráticas.

• Por medio de las Cumbres de las Américas, los jefes de estado y de gobierno han asumido compromisos específicos para la apertura del comercio, la promoción empresarial, la facilitación de las corrientes de préstamos y remesas, y el mejoramiento del acceso a una atención de la salud y educación de calidad, como medidas encaminadas a cerrar la brecha entre ricos y pobres en nuestros países.

• La XXXIV Asamblea General, partiendo de las declaraciones sobre la buena gestión democrática y la transparencia de la Cumbre de Monterrey, hizo que se centrara la mira en la corrupción como obstáculo al desarrollo, y la Convención Interamericana contra la Corrupción ofrece un instrumento práctico para la cooperación multilateral a fin de combatir la corrupción.

• La Declaración de Nuevo León reconoció las valiosas contribuciones de la sociedad civil, el sector privado y el sector académico a las políticas públicas y a una administración pública acertada.
• La Declaración sobre Seguridad en las Américas definió las numerosas amenazas a la seguridad con que se enfrentan nuestras democracias, entre ellas el terrorismo y el narcotráfico contra los cuales el CICTE y la CICAD se dedican a luchar en forma activa. La Declaración ofrece un plano básico para fomentar un clima de certidumbre, confianza, transparencia y cooperación en el hemisferio.

PUNTO FOCAL DEL DIÁLOGO

Dada la amplitud y la importancia de las iniciativas que hemos acordado, nuestro diálogo sobre "Hacer realidad los beneficios de la democracia" en la XXXV Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos deberá concentrarse en la manera de mejorar nuestros esfuerzos colectivos para implantar este programa democrático por medio de la Organización y del sistema interamericano, que es más amplio.


• Sobre la base de los compromisos de la Carta Democrática Interamericana de promover y defender la democracia, deberíamos explorar qué otros pasos podríamos dar para asegurar que todos los pueblos de las Américas gocen de las libertades fundamentales y participen plenamente en los sistemas políticos democráticos.

• No puede lograrse la mitigación de la pobreza sin un crecimiento económico sostenido, el cual, a su vez, requiere un buen gobierno. En la Cumbre de las Américas de 2005, que tendrá lugar en Mar del Plata, debemos redoblar nuestros esfuerzos colectivos para la creación de empleos sostenibles por medio de políticas que promuevan economías con mayor capacidad de competir, atraigan inversiones y fomenten un crecimiento impulsado por el sector privado.

• Nuestros ciudadanos exigen que luchemos contra la corrupción como manera de fortalecer el gobierno y fomentar el crecimiento económico. Deberíamos hallar maneras de fortalecer y acelerar el ritmo del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.


• Las medidas que apliquen la OEA y los gobiernos para lograr un desarrollo democrático y sostenible serán eficaces solamente en la medida en que sean abiertas a la participación de los ciudadanos. Con el fin de movilizar el pleno potencial de nuestras poblaciones, debemos ampliar la participación política, lo que comprende eliminar todas las formas de discriminación y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que es lo que aspiramos lograr en nuestras negociaciones de la Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

• La seguridad es clave para una democracia floreciente, las inversiones y la libertad personal, pero son demasiados los ciudadanos de nuestros países que viven bajo la tiranía de la delincuencia. Debemos trabajar juntos para modernizar nuestras entidades de aplicación de la ley y nuestros sistemas judiciales, y debemos procurar formar una red hemisférica de cooperación para desmantelar las pandillas y otras empresas delictivas y promover el estado de derecho.
Si resolviéramos fomentar el logro de estas metas, la XXXV Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos habrá hecho su parte para reiterar a nuestros pueblos que sus representantes democráticos están decididos a que se hagan realidad la libertad y una mejor calidad de vida.

COMISIÓN PREPARATORIA OEA/Ser.P  AG/CP/doc.679/05

[Traducción al español suministrada por la Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OEA. ]


Dado a conocer el 9 de marzo de 2005
  
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