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Departamento de Estado de los Estados Unidos
   

Declaración de prensa
,  Portavoz Adjunto
Washington, DC
7 de julio de 2003


Colombia: Determinación y certificación del Gobierno y de las Fuerzas Armadas de Colombia con respecto a las condiciones relacionadas con los derechos humanos


La determinación del Secretario de Estado se basa en una evaluación concienzuda y meticulosa de las condiciones previstas en la ley estadounidense y las acciones y políticas pertinentes del Gobierno y de las Fuerzas Armadas de Colombia. La finalidad del proceso conducente a la determinación no era hacer un análisis completo de la situación de los derechos humanos en Colombia, sino concentrarse exclusivamente en los criterios legales. El Secretario tomó la decisión relativa a la certificación basado en nuestras conversaciones con el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia, consultas con una amplia gama de organizaciones no gubernamentales colombianas e internacionales dedicadas a cuestiones de derechos humanos e información facilitada por nuestra Embajada en Bogotá.

La cuestión de los derechos humanos es un punto fundamental de nuestra política en Colombia. A pesar del notable progreso alcanzado, reconocemos que queda todavía mucho por hacer para mejorar la actuación de las Fuerzas Armadas con respecto a los derechos humanos, incluida la terminación de la colaboración militar-paramilitar. El Presidente Uribe comparte nuestra preocupación y se ha comprometido a trabajar con nosotros sobre las medidas concretas que el Gobierno de Colombia debería adoptar para lograr dichos objetivos.

La sección 564a)1) de la Ley de Asignaciones para Operaciones en el Extranjero, Financiamiento de las Exportaciones y Programas Relacionados para el Ejercicio de 2003 establece que podrá asignarse un monto máximo de 75 por ciento de los fondos de ayuda externa para Colombia antes de que el Secretario de Estado otorgue una determinación y certificación de conformidad con el apartado 2), que dispone también que se podrá comprometer un monto máximo de 12,5% del 25% restante solo después de que el Secretario de Estado haya efectuado una determinación y certificación con respecto a las condiciones relacionadas con los derechos humanos.

[Fin]

  
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